La reforma de la Ley de Semillas entró en una etapa decisiva después de que representantes de la producción y de la industria semillera no lograran cerrar un acuerdo sobre uno de los puntos más sensibles: qué productores deberán pagar por reutilizar semilla propia y cuáles quedarán exceptuados. Tras una reunión realizada este lunes 28 de septiembre en la Secretaría de Agricultura, el Gobierno quedó a cargo de elaborar una propuesta que luego pretende enviar al Congreso.
El debate también mantiene abierta la discusión sobre la eventual adhesión argentina al Acta UPOV 1991. Actualmente, Argentina integra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales bajo el Acta de 1978, a la que adhirió en 1994.
El uso propio sigue siendo el principal punto de conflicto
La discusión gira alrededor del derecho del productor a guardar parte de una cosecha para volver a sembrarla en su propia explotación y del reconocimiento económico a quienes desarrollan nuevas variedades.
La legislación argentina vigente establece en el artículo 27 de la Ley 20.247 que no se lesiona el derecho de propiedad de un cultivar cuando el agricultor reserva y siembra semilla para su propio uso.
La reforma busca redefinir ese esquema para determinadas variedades protegidas y establecer en qué casos el uso propio seguirá siendo gratuito y en cuáles podrá generar una obligación de pago.
Después de tres reuniones técnicas entre las entidades agropecuarias y la Asociación de Semilleros Argentinos, las partes lograron acercar posiciones en distintos aspectos, pero no alcanzaron una fórmula común sobre el universo de productores exceptuados.
Del límite de 500 hectáreas a un sistema por deciles
Uno de los principales cambios respecto de las primeras discusiones es el criterio utilizado para segmentar a los productores.
En una etapa anterior, las entidades rurales habían trabajado con una referencia de 500 hectáreas, por debajo de la cual se mantendría el uso propio gratuito. Esa fue precisamente la propuesta que Ruralnet informó en marzo.
Con el avance de las negociaciones, esa alternativa perdió centralidad y comenzó a utilizarse como base de discusión la información del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
La metodología divide a los productores por deciles de superficie y permite aplicar parámetros distintos según la escala y el cultivo.
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Productores plantean que pague el 30%
Según la información surgida de la última reunión, la propuesta presentada desde el sector productivo para soja, trigo y arroz contempla que paguen por el uso propio los productores incluidos en los tres primeros deciles del SISA.
Ese universo comprende 16.818 productores, equivalentes al 30% de los 56.065 productores incluidos en el análisis.
Aunque representan tres de cada diez productores, concentran el 82,72% de la superficie, con unos 12,06 millones de hectáreas.
Bajo esa propuesta, los otros 39.247 productores, equivalentes al 70% del total, permanecerían exceptuados del pago.
Los semilleros buscan ampliar el universo al 60%
La industria semillera plantea un alcance mayor.
Su propuesta comprende a los productores ubicados entre los deciles 1 y 6, es decir, aproximadamente 33.636 productores, equivalentes al 60% del universo analizado.
En conjunto, manejan el 95,44% de la superficie registrada, unas 13,92 millones de hectáreas.
En ese escenario, quedarían exceptuados unos 22.429 productores, correspondientes a los deciles 7 a 10.
La diferencia entre ambas posiciones alcanza así a 16.818 productores, aunque la brecha es menor cuando se mide por superficie: unos 12,7 puntos porcentuales.
El Gobierno pasa ahora a redactar su propuesta
La reunión del lunes había sido convocada por el Instituto Nacional de Semillas para conocer hasta dónde habían llegado los acuerdos y cuáles seguían siendo los puntos de divergencia.
Una fuente oficial citada por La Nación indicó que el mecanismo acordado previamente consistía en que los sectores privados presentaran sus posiciones y, a partir de allí, el Estado continuara con la elaboración del proyecto.
El Gobierno analizará ahora la información presentada y buscará formular una propuesta propia.
Según Lucas Magnano, presidente de Coninagro, antes de avanzar definitivamente se prevé una nueva instancia de consulta con productores y obtentores para recoger observaciones sobre el texto.
La participación de la Mesa de Enlace fue dispar
La reunión contó con representantes de la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas.
Federación Agraria Argentina no participó debido a la realización de su congreso anual, mientras que dirigentes de CRA intervinieron de manera virtual.
La Sociedad Rural sostuvo después del encuentro que varios aspectos de la eventual reforma todavía requieren análisis y adelantó que esperará la propuesta oficial antes de fijar una posición definitiva sobre sus alcances.
UPOV 78 y UPOV 91: qué está en discusión
En paralelo con el régimen de uso propio, continúa el debate sobre el marco internacional de protección de variedades vegetales.
Argentina es actualmente miembro de UPOV bajo el Acta de 1978.
El Acta de 1991 amplía el alcance de los derechos de los obtentores, aunque permite que cada país establezca una excepción para que los agricultores reutilicen semilla producida en su propio establecimiento, dentro de límites definidos por la legislación nacional y considerando los intereses del obtentor.
Por eso, una eventual adhesión a UPOV 91 no determina por sí sola exactamente qué productor podría guardar semilla sin pagar: ese alcance debe quedar establecido en la legislación que adopte cada país.
Ese punto es precisamente uno de los aspectos que productores, semilleros y Gobierno deberán resolver en el eventual nuevo marco normativo.
La discusión tiene impacto directo sobre soja, trigo y arroz
Los cultivos autógamos concentran buena parte del debate porque permiten que el productor reserve semilla obtenida de su propia cosecha para utilizarla nuevamente.
El sector semillero sostiene que un sistema más amplio de reconocimiento de la propiedad intelectual puede generar mejores incentivos para invertir en genética y nuevas variedades.
Las entidades de productores, en cambio, vienen planteando la necesidad de que cualquier reforma preserve excepciones amplias para los agricultores de menor escala y evite alterar de manera desproporcionada sus costos productivos. Estas son posiciones de los sectores involucrados, no conclusiones compartidas sobre el efecto final de la reforma.
El Gobierno busca llevar el debate al Congreso
La intención oficial es transformar ahora los puntos de consenso y las diferencias planteadas por los privados en un texto legislativo.
Días antes de la reunión, el INASE había convocado a las partes con el objetivo de conocer el resultado de las negociaciones y comenzar posteriormente la redacción del proyecto que el Ejecutivo busca remitir al Congreso.
Todavía no existe un texto definitivo ni una resolución sobre quién deberá pagar.
La próxima etapa será, por lo tanto, la elaboración de la propuesta oficial y su eventual discusión legislativa.
La reforma de la Ley de Semillas entra así en una fase diferente: productores y semilleros ya expusieron hasta dónde pudieron acercarse y, ante la falta de acuerdo sobre el uso propio, el Gobierno deberá decidir qué criterio propone al Congreso
