La Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) de Buenos Aires aprobó por unanimidad solicitar al Senasa que revise la Resolución 201/2026, que habilita la participación de veterinarios privados en la vacunación antiaftosa y modifica el esquema históricamente organizado por entes y fundaciones sanitarias. El planteo bonaerense apunta a que los cambios, previstos para comenzar a aplicarse desde la campaña 2027, sean consensuados y no afecten la cobertura sanitaria ni el acceso de los productores de menor escala.
La decisión vuelve a poner en discusión una de las modificaciones más controvertidas introducidas este año en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.
La normativa impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) permite que productores puedan recurrir a veterinarios particulares para realizar la vacunación, ampliando un esquema que hasta ahora tenía a los entes y fundaciones sanitarias como actores centrales de las campañas.
La medida generó cuestionamientos de diferentes entidades rurales, que advirtieron sobre posibles consecuencias sanitarias, operativas y económicas.
Ahora, el reclamo tomó fuerza institucional desde Buenos Aires.
La Coprosa pidió revisar la Resolución 201/2026
Durante una reunión de la Coprosa bonaerense, sus integrantes aprobaron una moción para solicitar formalmente al Senasa que revise la Resolución 201/2026.
Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, la posición no implica rechazar la participación de veterinarios privados, sino cuestionar la forma en que fue diseñada la modificación del sistema.
La Comisión planteó que cualquier transformación debería surgir de un proceso consensuado entre los organismos sanitarios, las entidades de productores y los profesionales involucrados, preservando las garantías sanitarias alcanzadas.
Hasta que exista ese acuerdo, la Coprosa reclamó además que se evalúe dejar sin efecto la normativa mediante su derogación.
Tras la votación, también se acordó avanzar con un cronograma de trabajo conjunto con el Senasa y conformar una comisión específica dentro de la Coprosa para estudiar la implementación del nuevo esquema y elaborar propuestas alternativas.
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Advierten por el futuro de los entes sanitarios
Uno de los principales argumentos expuestos durante la reunión fue el papel que cumplen actualmente los entes sanitarios, integrados por productores y otros actores locales.
Desde la Coprosa señalaron que estas organizaciones no se limitan a aplicar vacunas, sino que también coordinan las campañas, fiscalizan el proceso y garantizan la cobertura territorial.
Por ese motivo, la Comisión resolvió elevar al Senasa una solicitud para adecuar la Resolución 201/2026 a la Ley Nacional 24.305, reconsiderar la derogación de la Resolución 368/2011 y discutir eventuales modificaciones con todos los organismos involucrados.
La postura fue aprobada por unanimidad con los votos del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Federación Agraria Argentina, CARBAP, las Regiones Sanitarias N.º 1, 2, 3 y 4 y Coninagro.
El Senasa se abstuvo de votar por ser el organismo al que está dirigida la solicitud.
El foco está puesto en los pequeños productores
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó durante el encuentro que no se hayan demostrado beneficios sanitarios concretos derivados de la nueva normativa.
“Acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar”, sostuvo.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la atención de productores ganaderos de menor escala.
La preocupación es que, si los establecimientos grandes comienzan a contratar individualmente veterinarios particulares, los entes sanitarios pierdan volumen de trabajo y recursos, mientras continúan atendiendo a productores con pocas cabezas.
Rodríguez ejemplificó que un profesional independiente podría enfrentar mayores dificultades económicas para trasladarse hasta un establecimiento donde deba vacunar apenas cinco animales que a otro con un rodeo de 100 cabezas.
Según la mirada planteada en la Coprosa, ese escenario podría debilitar el principio de solidaridad mediante el cual el actual esquema distribuye costos y permite alcanzar establecimientos independientemente de su escala.
Temen que se debilite la cobertura territorial
En el acta de la reunión también quedó asentada la preocupación por la sostenibilidad económica de los entes sanitarios.
Uno de los riesgos analizados es que establecimientos grandes migren hacia esquemas individuales con profesionales privados, mientras que productores pequeños permanezcan dentro de las fundaciones.
Ese cambio podría alterar el equilibrio financiero y operativo del sistema y, eventualmente, afectar la cobertura de vacunación en determinadas zonas.
Para la Provincia de Buenos Aires, cualquier modificación debería garantizar que ningún productor quede fuera de las campañas por cuestiones económicas, de distancia o escala productiva.
Reclaman definiciones antes de la campaña 2027
Otro punto cuestionado fue la falta de precisiones sobre la implementación operativa del nuevo sistema.
Rodríguez sostuvo que todavía existen interrogantes sobre cómo funcionará el esquema y reclamó al Senasa definiciones con suficiente anticipación.
“No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 de diciembre digan ‘se prorroga un año’ o lo que sea”, afirmó.
La Coprosa incorporó esa preocupación a su pedido formal y reclamó una pronta definición sobre los aspectos pendientes antes de las próximas campañas de vacunación.
La discusión continuará ahora entre el Senasa, la Provincia, las entidades rurales y los veterinarios. El eje estará puesto en determinar si la apertura hacia profesionales privados puede convivir con el actual sistema de entes sanitarios sin reducir la cobertura territorial, debilitar los controles ni encarecer el acceso a la vacunación para los productores más pequeños.
