Crisis y acusación penal en SanCor: piden procesar a dos ex presidentes por retener aportes a trabajadores
El Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de los ex presidentes del Consejo de Administración de SanCor, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, acusados de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, delito previsto en el artículo 7 de la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal de Rafaela, en el expediente “Denuncia: SanCor Cooperativas Unidas Limitada s/ Infracción Ley 27.430”, luego de que ambos ex directivos se abstuvieran de declarar en sus indagatorias del 12 de noviembre de 2025.
Los hechos imputados
Según la fiscalía, Gastaldi —quien presidió la cooperativa entre febrero de 2020 y octubre de 2022— habría retenido aportes previsionales sin depositarlos dentro del plazo legal en siete períodos entre 2020 y 2021, por montos que van desde $14,3 millones hasta $22,8 millones.
A Sánchez, que asumió posteriormente, se le imputan dieciséis hechos adicionales entre noviembre de 2022 y enero de 2024, bajo el mismo carácter de presidente del Consejo de Administración.
La acusación sostiene que ambos dirigentes retuvieron aportes de los trabajadores y no los ingresaron al Estado dentro de los 30 días legales, actuando como agentes de retención obligados por ley.
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La fiscalía afirmó que existen elementos suficientes para acreditar, en esta etapa, la materialidad del delito y la responsabilidad penal de Gastaldi y Sánchez, por lo que solicitó que sean procesados como autores, de acuerdo con los artículos 45 y 55 del Código Penal.
Medidas y fundamentos
Como medida cautelar, el Ministerio Público requirió que ambos imputados estén obligados a informar cualquier cambio de domicilio, al considerar que:
no tienen antecedentes penales,
poseen arraigo,
cuentan con actividad laboral declarada,
comparecieron voluntariamente a las indagatorias.
Por estas razones, no pidió restricciones mayores, al entender que existe disposición a someterse al proceso.
La definición quedará ahora en manos del juez federal interviniente.
El contexto: una cooperativa al borde del colapso
El pedido se da en medio de una crisis estructural que SanCor arrastra desde hace años. En 2022, ante promesas de auxilio financiero inconclusas y tensiones con el gremio Atilra, comenzaron bloqueos, paradas de planta y riesgo de pérdida de millones de litros de leche.
En 2025, la cooperativa profundizó su deterioro:
los socios aprobaron el concurso preventivo de acreedores,
continuaron los atrasos salariales y despidos por “fuerza mayor”,
la producción se redujo drásticamente y pasó a operar casi exclusivamente mediante acuerdos industriales para terceros.
En septiembre de 2025, Atilra llegó a solicitar la quiebra con continuidad de explotación, denunciando deudas salariales, sindicales y previsionales. La situación expuso el impacto social: trabajadores cobrando en cuotas, plantas semiparalizadas y una producción fragmentada.
Es en ese escenario de deterioro financiero, conflicto laboral y pasivos previsionales crecientes donde irrumpe ahora la ofensiva judicial contra los ex directivos de la histórica cooperativa láctea.
