La Mesa de Enlace de la provincia de Buenos Aires ha presentado un reclamo contundente contra el gobernador Axel Kicillof debido a una serie de problemas detectados en las boletas de pago del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR).
Las entidades del ruralismo, que incluyen a la Sociedad Rural, Federación Agraria, Carbap y Coninagro, han expresado su preocupación por las “inconsistencias” encontradas en los cedulones de pago de este impuesto.
En un comunicado conjunto, las entidades informaron que se reunieron para analizar en detalle las partidas de este tributo y descubrieron que en muchos casos se violan los topes aprobados en la Ley fiscal 2024 para las diferentes escalas de establecimientos rurales.
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Por lo tanto, decidieron enviar una nota a Kicillof para expresar estas inconsistencias y solicitar que se posponga el vencimiento de la primera cuota del IIR hasta que se resuelvan estas situaciones. Además, la Mesa de Enlace ha pedido al gobernador que se restablezcan los beneficios por Buen Contribuyente y la opción de adhesión al débito automático o pago electrónico, los cuales fueron eliminados repentinamente por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).
La Mesa enfatizó que los productores no deben pagar impuestos que excedan el límite del 200% de aumento real. En caso de incumplimiento de lo establecido en la Ley Fiscal, el ruralismo advirtió que esto generará un perjuicio recaudatorio para la provincia y podría dar lugar a acciones legales que podrían haberse evitado.
La Mesa destacó que la Ley fiscal 2024 ya representa un esfuerzo significativo por parte de los productores agropecuarios, considerando las condiciones climáticas y productivas actuales, y no debería ser ignorada.
En resumen, la Mesa de Enlace de Buenos Aires ha presentado un reclamo enérgico a Axel Kicillof por las inconsistencias encontradas en las boletas de pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Solicitan que se resuelvan estas cuestiones antes del vencimiento de la primera cuota y que se restablezcan los beneficios eliminados. El incumplimiento de la ley podría tener consecuencias negativas tanto para los productores como para la recaudación provincial.
