La decisión del Banco Central de prorrogar el recargo en la tasa de interés para los productores que mantengan existencias de soja generó indignación en las entidades del campo. Los integrantes de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace expresaron su descontento en un comunicado, afirmando que las medidas discriminatorias deben quedar en el pasado.
La reacción de los ruralistas fue inmediata al enterarse de la decisión del Banco Central de prorrogar el recargo en la tasa de interés para los productores de soja que dispongan de un porcentaje de existencia del cultivo. Esta medida, heredada del gobierno anterior, es considerada por los dirigentes como un claro “abuso discriminatorio” y una arbitrariedad que afecta directamente a los productores, comprometiendo el rumbo hacia la “desregulación” y la liberación económica esperada.
- Kicillof propone aumentar 300% el impuesto Inmobiliario Rural
- Con las retenciones a la soja, Máximo Kirchner propone crear un fondo para financiar la obra pública
- Perspectiva internacional para los granos en 2024
Las entidades del campo sostienen que resulta incomprensible que en lugar de avanzar hacia un escenario de mayor flexibilidad y apertura económica, se perpetúen medidas que castigan injustamente a los productores agropecuarios, quienes distan de utilizar sus granos de manera especulativa. Este recargo no solo impacta en los productores de soja, sino también en los productores mixtos, quienes ven cómo se incrementa la tasa de interés para inversiones ganaderas, por ejemplo.
El sector agropecuario, considerado el motor fundamental de la economía argentina, se encuentra decepcionado por esta prórroga, ya que contradice las expectativas de un ambiente más propicio para el desarrollo de la producción. Las entidades que conforman la Mesa de Enlace solicitaron urgentemente la reconsideración de esta medida por parte del Banco Central y pidieron un diálogo abierto entre el sector y las autoridades competentes. Consideran necesario buscar soluciones que fomenten la inversión, la productividad y el desarrollo sostenible, en lugar de imponer cargas financieras desproporcionadas que perjudican tanto a los productores como a la economía en su conjunto.