El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, intervino en el concurso de acreedores de Vicentin ante un pedido de avocamiento (facultad que permite a un tribunal superior conocer un caso cuyo conocimiento, correspondería normalmente a uno inferior), por lo que la causa deberá ser remitida al máximo tribunal provincial.
La decisión se produjo a días de que el 30 de junio próximo venza, teóricamente, según lo establecido por el juez ahora desplazado, el período de excepción de la convocatoria de la cerealera que está concursada en US$1.575,4 M. Fue luego de que la corredora Grassi, uno de los principales acreedores, pidiera el avocamiento del concurso.
La resolución de Gutiérrez, fechada el jueves “16 de junio de 2022″ advierte de manera escueta la siguiente decisión que el titular del máximo tribunal le envía al juez comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien estaba a cargo de la convocatoria de acreedores. “Por recibido. Del pedido de avocación, traslado al Sr. juez del concurso. Una vez evacuado el mismo se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte puede expedirse con los autos principales a la vista. Suspéndase los términos que estuvieran corriendo”, señala el documento al que tuvo acceso el diario La Nación.
Voceros del máximo tribunal de Santa Fe confirmaron la resolución firmada por Gutiérrez, pero no comentaron respecto de los alcances de la medida, que queda en el terreno de las interpretaciones, una de las cuales sería que la Corte Suprema provincial tomará una decisión sobre el concurso.
En tanto, fuentes de la cerealera Vicentin consultadas por el mismo medio declinaron de hacer comentarios tras conocerse la medida judicial.
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Causas penales. La decisión de la Corte Suprema de Santa Fe se produjo mientras avanzan las causas penales contra directivos de Vicentin. Hace 10 días, el juez Nicolas Foppiani dispuso la libertad del presidente y representante de Vicentin, Omar Scarel, con una caución real de US$ 500.000. Fue luego que fuera detenido en Avellaneda, ciudad vecina a Reconquista, en el norte de Santa Fe, por desobedecer las órdenes de 2 jueces a través de una transacción.
La imputación contra Scarel se relaciona, según se desprende de las audiencias, con que el directivo tenía prohibido innovar sobre la composición de la masa accionaria de Vicentin, y se lo acusa de celebrar un contrato de compraventa, entre Vicentin y Viterra Argentina.
El riesgo que existía en el concurso era que el juez Lorenzini homologara la convocatoria antes que se dirima, en el fuero penal, la legalidad de la compra-venta de acciones del 33% de Renova a la multinacional Viterra, socia de Vicentin en esa empresa.
Esto provocó la presentación de Grassi porque, de ratificarse por los tribunales las supuestas irregularidades de Scarel, ya no habría posibilidades de resarcimiento si Lorenzini homologaba la convocatoria.
Ante este complejo escenario, la Corte Suprema decidió intervenir el concurso y analizar las últimas operaciones, entre ellas la venta del 16% de las acciones de Renova (propiedad de Vicentin) a Viterra, horas antes de declararse el default, en diciembre de 2019.
Cuando fue detenido Scarel, Vicentin se mostró sorprendida. En un comunicado, la empresa dijo que “no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un ‘incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad’ es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ‘ad referendum’ de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas”.
Total incertidumbre. Según contaron fuentes de los accionistas de Vicentin al diario La Nación, hay un clima de total incertidumbre sobre el futuro de la empresa. El miércoles pasado se realizó una asamblea de accionistas en Avellaneda, donde está la sede central de la agroexportadora.
Un día antes se había realizado una reunión preparatoria y allí corría una versión que indicaba que el concurso de acreedores podría ser intervenido, luego de las complicaciones penales de Scarel.
La asamblea no terminó de la mejor manera, por lo cual se decidió pasar a un cuarto intermedio para el miércoles próximo. Los accionistas de la empresa no saben cómo seguirá esa reunión, porque tras los últimos acontecimientos, reina una gran incertidumbre sobre el futuro del concurso.
Sucede que los plazos que se preveían para su finalización quedaron en el aire. Ahora la Corte Suprema empezará a analizar, quizás desde cero, la causa iniciada en marzo de 2020 en el juzgado de Reconquista.
