Con la firma de 5 senadores del Frente de Todos (FdT), el sector del oficialismo que responde a Cristina Fernández de Kirchner presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, para gravar con un “aporte especial de emergencia”, a quienes tengan bienes en el exterior que fueron “fugados” y no están declarados ante el fisco. Ese aporte sería el 20% de los montos ocultados al fisco, y la ley incentivaría a quienes entreguen información de terceros, bajo la figura de “delación premiada”.
El texto de la iniciativa, que suscriben los senadores Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti y José Mayans, presidente del bloque del FdT en la Cámara Alta, anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. Asimismo, indica que quienes “no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”. La norma también alcanzaría a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.
Por otra parte, el proyecto oficialista propone utilizar la figura del “colaborador”, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Quienes ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada. Así se aplicaría la “delación premiada”, figura que existe en otros regímenes impositivos en el mundo.
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Para poner en vigencia esta figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. “Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras”, explicaron desde el FdT, mediante un comunicado.
Además, el proyecto propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información, para así acelerar los procesos investigativos.
Los senadores del FdT plantean que “así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debe proteger”.
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El proyecto señala qué fondos estimados podrían ser alcanzados por este proyecto: “al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país” y “menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados”. Y de ellos “se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020.”
