En la asamblea de Armstrong se redoblaron las críticas de los productores contra el Gobierno. En el encuentro estuvieron presentes los presidentes de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, con excepción de Coninagro que estuvo representada por un dirigente local.
El reclamo unánime del sector fue exigir el fin de las retenciones y de las intervenciones del Gobierno. En ese sentido, desde la Sociedad Rural y de Apronor plantearon la posibilidad de hacer un reclamo en la Justicia.
Nicolás Pino recordó que el 31 de diciembre venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente la reglamentación de los derechos de exportación. El rechazo al Presupuesto 2022, en el que se prorrogaba por dos años esa facultad de Poder Ejecutivo, dejó nulo el Decreto 851/21, que establecía las alícuotas del impuesto para este año.
Fundamentándose en ese hecho, el presidente de la SRA señaló: “le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández que instruya al ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción. No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar el tesoro”.
Roberto Palomo, integrante de Apronor, indicó que la entidad está evaluando alternativas con su equipo de abogados. Están analizando el tema de acuerdo al comportamiento de los mercados y la reacción que vaya adoptando la cadena de comercialización, el Gobierno y el sector productivo. Además, señaló que no es posible presentar un recurso de amparo por no cumplirse ciertos requisitos, como la urgencia de daño o de perjuicio sobre la persona.
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Por otra parte, comentó que la recomendación de los abogados es una acción ante la Justicia Federal denominada Acción Declarativa de Certeza, que es reclamar a un Juez Federal que declare la constitucionalidad o no del Decreto en cuestión. Mientras, los productores pueden realizar un recurso de repetición ante la AFIP. Por este recurso se solicita al organismo que se devuelvan los impuestos mal retenidos.
El dirigente manifestó que Apronor está evaluando todas estas posibilidades y que se han hecho ventas en los últimos días para poder tener la liquidación donde conste que se están cobrando retenciones. Por otra parte están esperando que el Gobierno quiera introducir alguna ley que dé un marco legal a los derechos de exportación. Aunque esperan que la batalla final se libre en el Congreso, como sucedió con la Resolución 125.
La región del NOA y el NEA aporta alrededor del 12% del total de retenciones, y según observó el dirigente, estos impuestos no vuelven en servicios que mejoren la calidad de vida de la población. Por ello, si ese dinero quedara en manos de los productores daría dinamismo a las economías de la zona, serían más eficientes al momento de producir y habría un corrimiento importante de la frontera agrícola que derivaría en un incremento exponencial de las toneladas producidas. El dinero de las retenciones que el Estado dejaría de cobrar podría reemplazarse por el Impuesto a las Ganancias ante un aumento de la producción.
