Toma de tierras y degradación de las instituciones

El derecho de propiedad constituye uno de los pilares en los que se asienta la prosperidad de las naciones. El constitucionalismo estableció su inviolabilidad, así lo contempla el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional (CN). Desde la esfera individual es un incentivo crucial para la puesta en marcha de emprendimientos que procuran la realización de las personas en el más amplio sentido de la expresión. El artículo 14 contiene entre los derechos individuales de que gozan los habitantes el de usar y disponer de su propiedad, formulación que complementa la mención anterior. No por casualidad las naciones que han logrado los más elevados índices de desarrollo protegen la propiedad desde sus constituciones y ello se ve seguido del accionar concordante de sus gobiernos.

Como todo derecho no es absoluto y por lo tanto está sometido a las restricciones resultantes de los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y «necesariedad». La tensión entre dos derechos debe saldarse en función del bien jurídico más alto de conformidad con la apreciación del legislador, que nunca debe suprimir un derecho y debe proponer soluciones proporcionales entre los medios aplicados y los fines buscados, tratando de que la que se elija sea la menos gravosa.

Desde hace varias décadas la Argentina asiste a un fenómeno preocupante, la toma o usurpación de terrenos que se lleva a cabo por parte de grupos organizados que persiguen esos propósitos de manera violenta y generalmente conducidos por punteros que apuntan a satisfacer fines «clientelísticos». Asimismo, muchas veces son el producto de delincuentes que utilizan a indigentes con finalidades de lucro. Estas acciones se llevan a cabo so pretexto de satisfacer el derecho a una vivienda digna. El fenómeno se enmarca en una tendencia que tiene muchos años y que tiende a la desvalorización de la propiedad privada, a la que se presenta como una manifestación de egoísmo personal y que por lo tanto debe ceder a favor de los más necesitados. Este tipo de premisas ha penetrado profundamente en una parte importante de nuestra dirigencia. La mayoría de los componentes del Frente de Todos opina así e invoca como su sustento ideológico a la doctrina social de la Iglesia. Más allá del respeto que merecen todos los puntos de vista en una sociedad plural, no puede tolerarse el avasallamiento de los derechos de los propietarios para dar satisfacción a quienes carecen de vivienda. Semejante premisa abre la puerta a la construcción de una sociedad desprovista de reglas en la que todo vale y, por ende, también es posible hacer justicia por mano propia.

Fuente: La Nación por Daniel Sabsay

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