Sin dar marcha atrás con la medida, la Secretaría de Agricultura y el INASE llamaron a sentarse con las cámaras semilleras y las entidades rurales después de que el nuevo mecanismo de control varietal generara una oposición masiva. Los productores advierten que serán ellos quienes paguen los costos de los análisis y que nadie les explicó si el sistema alcanzará también a las variedades ya registradas.
El Gobierno nacional lanzó el lunes 8 un nuevo protocolo para el control de semillas mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), con el objetivo declarado de “reforzar la protección de los desarrollos genéticos, promover la transparencia en el mercado y generar condiciones que favorezcan nuevas inversiones en investigación y mejoramiento vegetal”. La reacción del sector productor fue tan contundente que, sin hacer marcha atrás con la medida, el Gobierno debió convocar de urgencia a una reunión entre las cámaras semilleras y las entidades del campo para intentar descomprimir el conflicto.
Qué establece el nuevo protocolo
La resolución conjunta crea un nuevo mecanismo de control para las especies que cuenten con métodos de identificación varietal aprobados por el INASE. El sistema alcanzará a la totalidad de las entregas realizadas por los productores de esas especies y permitirá verificar la identidad genética de los cultivares utilizados, incluso después de la cosecha.
La novedad tecnológica es concreta: las muestras de grano serán tomadas en el primer punto de entrega —una planta de acopio, una cooperativa o cualquier establecimiento habilitado— y podrán usarse no solo para los análisis comerciales habituales de humedad y calidad física, sino también para identificar la variedad genética que el productor sembró durante la campaña. Hasta ahora, esa trazabilidad post-cosecha no existía de manera sistemática.
Los análisis solo podrán ser realizados por las Cámaras Arbitrales o por entidades privadas con convenios específicos u habilitaciones otorgadas por el INASE, con el objetivo de garantizar la confiabilidad de los resultados y evitar controversias sobre la identificación varietal.
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Las dos preguntas que nadie supo responder
El rechazo de los productores se concentra en dos puntos que la resolución no dejó en claro.
El primero es el alcance temporal del sistema: ¿se aplicará únicamente a los cultivares que se registren a partir de la entrada en vigencia de la resolución, o también alcanzará a las variedades ya existentes en el mercado? La respuesta a esa pregunta define si el impacto del protocolo es acotado o masivo para quienes ya están produciendo.
El segundo es quién paga. Los productores sostienen que, como ocurrió históricamente con este tipo de medidas, los costos de los análisis varietales terminarán recayendo sobre ellos y no sobre las empresas semilleras que son las directamente interesadas en la protección de sus desarrollos genéticos. Eso implica un incremento en los gastos de producción en un contexto donde los márgenes ya están bajo presión.
Un debate que lleva 30 años sin resolverse
Lo que el Gobierno presentó como novedad tiene, en realidad, una historia larga. El concepto que subyace al nuevo protocolo se asemeja a la denominada “regalía global”, un sistema que ya había sido propuesto por el entonces secretario de Agricultura Daniel Costamagna durante la primera mitad de los años noventa. Más recientemente, la industria semillera local impulsó la llamada “regalía extendida” como alternativa, sin que tampoco prosperara de manera definitiva.
Desde entonces, prácticamente todos los gobiernos intentaron avanzar en una normativa superadora. Durante las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri existieron distintos intentos, pero las disputas entre los actores del sector impidieron alcanzar los consensos necesarios. Durante la presidencia de Alberto Fernández también se procuró avanzar desde el propio INASE, con el mismo resultado. La única excepción en ese período fue la gestión de Fernando de la Rúa, aunque por razones distintas: durante esos años directamente se dispuso el cierre del organismo.
La diferencia real respecto de todos esos intentos anteriores no está en el concepto sino en las herramientas: hoy existen métodos de identificación varietal mucho más precisos que permiten detectar la presencia de una determinada variedad en cualquier punto de la cadena donde se entreguen los granos. Eso hace técnicamente viable lo que antes era difícil de implementar. Pero la viabilidad técnica, como quedó demostrado esta semana, no alcanza para resolver las disputas de fondo.
La falacia de los rindes y el mejoramiento genético
Uno de los argumentos que circulan para justificar la urgencia del protocolo es que la falta de protección de la propiedad intelectual habría desincentivado el mejoramiento genético y eso explicaría los bajos rendimientos promedio de la soja en los últimos años. Desde el sector productor rechazan esa lectura.
La explicación más directa de los rindes bajos es climática: Argentina atravesó tres años consecutivos de sequía que afectaron los promedios nacionales de manera estructural. A eso se suma la reducción en la inversión en fertilizantes y fitosanitarios que los productores realizaron durante ese período como respuesta a los márgenes comprimidos.
La campaña más reciente dejó en evidencia que el potencial genético disponible en el país no tiene problemas: miles de lotes superaron los 7.000 kilos por hectárea cuando el clima acompañó y se invirtió en el cultivo. El mejoramiento de soja en Argentina, sostienen los productores, sigue siendo de excelencia. El problema de los rindes bajos tuvo otras causas.
Qué sigue
La reunión convocada por el Gobierno entre las cámaras semilleras y las entidades del campo es el próximo paso. El protocolo sigue vigente, pero las dudas sobre su alcance y sobre quién asume los costos todavía no tienen respuesta oficial. Lo que está claro es que, una vez más, el debate sobre la propiedad intelectual de las semillas en Argentina llegó a un punto de tensión sin que exista un consenso de fondo entre los actores involucrados.
Treinta años de intentos fallidos pesan sobre esta mesa de negociación. Si la reunión logra despejar las dudas o si el conflicto se profundiza dependerá, como siempre, de si los intereses sectoriales permiten esta vez llegar a un acuerdo que ningún gobierno anterior pudo cerrar.
Fuente: Redacción Ruralnet
