El proyecto de ley que busca agravar las penas por vandalismo rural obtuvo dictamen favorable esta semana en la Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, con lo que queda en condiciones de ser tratado en el recinto para lograr su media sanción. La iniciativa, impulsada por los diputados del PRO Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, reúne 41 firmas adherentes tras conseguir el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados, y plantea reformar el Código Penal para que el ingreso no autorizado a un campo deje de ser una contravención y pase a constituir un delito.
El proyecto, cuyo seguimiento legislativo viene realizando la Fundación Barbechando, contempla dos figuras centrales. La primera es la intrusión rural: establece penas de 1 mes a 1 año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles. Según explicó Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura y autor de la iniciativa, “es necesario salir de la visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior”, y definió la reforma como “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo”.
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El argumento de fondo, según detalló Barbechando, apunta a una asimetría legal entre el ámbito urbano y el rural: mientras el domicilio en la ciudad está protegido bajo el principio de inviolabilidad, en el campo “el límite equivalente (la tranquera, el alambrado, la señalización) no recibe el mismo tratamiento, aun cuando cumple una función análoga”. Desde la entidad remarcaron además que el ingreso no autorizado constituye un riesgo en sí mismo, “particularmente en horario nocturno o sin un fin específico”, independientemente de si deriva en un delito posterior, y que tipificarlo evita que quede relegado al terreno impreciso de las contravenciones locales.
La segunda figura contemplada es la de “daño agravado”, con penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor del daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva. Desde Barbechando remarcaron que esa afectación “no debe evaluarse únicamente en función de cuánto sale reponerlos, sino de su función dentro de un sistema productivo interdependiente”.
El tercer eje del planteo tiene que ver con las condiciones estructurales del ámbito rural que, según los impulsores, agravan la vulnerabilidad frente a este tipo de hechos: grandes distancias, caminos en mal estado, falta de cobertura telefónica y de internet, y lejanía de las fuerzas de seguridad. A esto se suma la diversidad territorial del país, ya que cada región tiene sus propias condiciones de infraestructura, conectividad y acceso a la seguridad. “No es lo mismo producir en la pampa húmeda que en zonas de frontera agrícola; no es lo mismo un establecimiento cercano a un centro urbano que uno ubicado a varias horas del pueblo más próximo; no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia”, compararon desde la fundación.
“Desde Fundación Barbechando queremos que el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho: necesitamos un marco normativo de largo plazo que dé seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales, acompañando el desarrollo productivo de nuestro país”, señalaron desde la entidad. Con el dictamen de comisión ya conseguido y un número de firmas que garantiza un piso de apoyo parlamentario, el proyecto queda ahora a la espera de su tratamiento en el recinto de Diputados para avanzar hacia la media sanción.
