Se trata del órgano legislativo municipal del Partido de Bragado, Buenos Aires, donde la mayoría de Juntos por el Cambio (JxC) aprobó la medida, dirigiéndose al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en referencia al último incremento de los derivados de la soja, y basándose en que sus facultades delegadas del Congreso, para modificar derechos de exportación caducaron el 31 de diciembre de 2021, al no aprobarse el proyecto de ley de presupuesto nacional 2022.
Aunque solo el Congreso Nacional tiene atribuciones para legislar en la materia, el proyecto de comunicación aprobado por el Concejo Deliberante de Bragado, un partido bonaerense donde el sector productivo estima que aporta al fisco unos $50.000 M por año por derechos de exportación y otros impuestos, tendría -según algunos observadores- una importancia política, al menos desde lo simbólico.
Esta apreciación se basa en que la iniciativa del bloque bragadense de ediles de JxC es un mensaje político que llega desde una región productiva hacia los legisladores nacionales, algo en lo que viene insistiendo la Mesa de Enlace con las visitas que hizo recientemente a varios de los bloques opositores en Diputados y Senadores.
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En Bragado el intendente es Vicente Gatica, de JxC. El oficialismo tiene mayoría en el Concejo Deliberante local, con 10 ediles, mientras que el Frente de Todos (FdT), cuenta con 7 y un partido vecinalista, solo con 1 concejal. La mayoría de JxC aprobó el proyecto de comunicación que presentó la concejal Lilián Labaqui, del radicalismo en JxC, a partir de una iniciativa presentada por productores de la zona.
La concejal, al referirse a su proyecto en el recinto del Concejo Deliberante local, dijo:
“El Frente de Todos hablaba de que nos debemos preocupar por las cosas concretas. Yo, como representante del pueblo y del sector productivo, tengo que hablar de esto. Estamos en el interior productivo. El campo mantiene la mesa de los argentinos”, enfatizó
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En el “proyecto de comunicación” aprobado se señala que los decretos de suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, de 31 a 33%, y de creación del Fondo Estabilizador del Trigo “son pasibles de nulidad absoluta por cuanto no se hallan delegadas por el Congreso Nacional las facultades prescriptas en la Constitución: artículo 75, inciso 1, habiendo retrovertido la delegación al Poder Legislativo para la fijación de los derechos de importación y exportación”.
En su articulado, la iniciativa del bloque de concejales de JxC en Bragado dice: “Manifiéstase al Poder Ejecutivo Nacional el desagrado por el dictado de los decretos N° 131/2022 y N°132/2022 por cuanto se fundamentan en una norma inexistente a la fecha, cual resulta ser la ley N° 27.541 caducada el 31 de diciembre de 2021; viéndose con agrado que se propiciara ante el Congreso Nacional la disminución de las alícuotas, hasta la eliminación de las mismas”.
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Replicar la iniciativa
Para la edil Labaqui, “todos los Concejos Deliberantes tendrían que hablar de esto”, en referencia a impulsar proyectos de comunicación similares. “Aspiro a que (los productores) no tengan retenciones, pero no tenemos que ser utópicos”, dijo. La legisladora bragadense considera que la eliminación de los derechos de exportación puede ser gradual.
Por su parte, Walter Malfatto, productor y presidente de la filial Bragado de la Federación Agraria Argentina (FAA), celebró lo votado por el Concejo Deliberante de su ciudad. “De 100.000 hectáreas de soja (que se hacen en el partido), se quedan con 33.000 hectáreas”, señaló respecto de lo que el Estado se lleva por derechos de exportación. “Seríamos una potencia si se quedara acá, y esto sin contar otros cultivos (y la) ganadería”, agregó. “Son 33.000 hectáreas que se van todos los años y no hay rutas, seguridad, educación. Esperemos que esto se replique en otros Concejo Deliberante”, dijo.
