La obra social de los trabajadores rurales rompe con UATRE: cambia el sistema de vales y apunta contra la “opacidad y el despilfarro”
La intervención de la obra social de los trabajadores rurales, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei, sumó un nuevo capítulo: se dio de baja un convenio clave con el gremio UATRE que, según las nuevas autoridades, manejaba de manera ineficiente y costosa la distribución de vales para acceder a prestaciones médicas. La decisión encendió la tensión entre el Ejecutivo y el sindicato que conducía la obra social.
Marcelo Petroni, el interventor designado por el Ejecutivo al frente de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), resolvió rescindir un contrato millonario con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), al detectar múltiples incumplimientos y falta de controles. El eje del conflicto: el manejo de las “bocas de expendio” que entregaban vales médicos de manera presencial, un sistema que las nuevas autoridades calificaron como “obsoleto y opaco”.
“El recorte no va contra los trabajadores, sino contra un sistema caro e ineficaz”, afirmaron desde la intervención. Solo ese esquema implicaba un gasto mensual de $700 millones, fondos que ahora —aseguran— se destinarán directamente a reforzar la cobertura de salud.
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¿Qué cambia para los afiliados?
Desde ahora, los trabajadores rurales podrán acceder a sus servicios médicos sin intermediarios. Se eliminarán los vales gestionados por UATRE y se implementará una red de atención directa, con canales digitales, atención telefónica y un nuevo sistema de telemedicina. No obstante, seguirán existiendo puntos físicos de entrega de vales en delegaciones oficiales de OSPRERA, pero con trazabilidad bajo control directo.
Petroni subrayó que se trata de una reforma necesaria para “sanear” la obra social, que arrastra una deuda que supera los $97.000 millones y un déficit operativo mensual de más de $4.000 millones.
La pulseada legal
La ruptura se da en el marco de una disputa legal iniciada a principios de año, cuando el líder de UATRE, José Voytenco, presentó una medida cautelar para frenar la intervención. Alegaba irregularidades en la designación de Petroni y pedía restituir a las autoridades originales.
Sin embargo, en febrero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el planteo de Voytenco, respaldando la intervención oficial. “El fallo confirma la legitimidad del proceso de saneamiento”, destacaron desde el Gobierno.
Mientras tanto, UATRE no hizo declaraciones tras el anuncio de la rescisión del convenio. Pero la interna sindical y la batalla judicial siguen abiertas.
