Graves irregularidades en la obra social de trabajadores rurales

Ese gremialista le apuntó a Voytenco por su nivel de vida y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE y, a la vez, aludió a la falta de transparencia en la administración de OSPRERA, que según indicó, habría negado prestaciones a afiliados en momentos de alta necesidad. Por eso el Gobierno dispuso la intervención de la obra social y, durante una audiencia judicial, la Superintendencia de Salud (SSS) denunció un posible desfalco de más de $3.350 millones.

Los funcionarios de Salud advirtieron que entre 2022 y 2023 los beneficiarios de la obra social realizaron 16.410 reclamos por falta de entrega de medicamentos -entre otros, oncológicos- y prótesis; negaron cirugías y otras prestaciones médicas como acompañamiento terapéutico y asistencia a afiliados con discapacidad.

Oriolo y Stivelman también aseguraron que la última gestión de la SSS del gobierno de Alberto Fernández le otorgó el 4 de octubre de 2023 a la obra social de la UATRE $3.350 millones, unos 9,5 millones de dólares al cambio de esa fecha, en concepto de “ayuda financiera”.

Según las autoridades libertarias, dos meses después, el viernes 7 de diciembre, último día hábil del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, las autoridades salientes “aprobaron la rendición de cuentas”, pero las facturas y planillas de gastos o pagos que los acreditan no se encuentran en los archivos de la Superintendencia.

Petroni, designado el 29 de noviembre pasado, motorizó la auditoría -que había sido encargada por la anterior interventora, Virginia Montero- para tener una primera evaluación del estado de OSPRERA, que tiene unos 760 mil afiliados y es la segunda obra social más numerosa del país después de OSECAC, del Sindicato de Comercio. El resultado fue “impactante”, señalan en el Gobierno, pese a que la consultora contratada tuvo sólo un mes de trabajo porque se requería un mapa inicial de la situación financiera y administrativa para detectar los principales problemas y encarar su saneamiento.

¿Qué dice la auditoría? El primer dato saliente es que, “con fecha de corte al 31/10/2024, OSPRERA posee un pasivo de aproximadamente $97.889 millones, los cuales se encuentran vinculados principalmente a los servicios de prestaciones e insumos médicos” y que, “en promedio, el déficit mensual al 31/10/2024 se encuentra en aproximadamente $4.200 millones, lo que representa un incremento exponencial de las deudas al no tener una caja que permita una reducción del pasivo”. Por eso, se advierte, “el índice de liquidez arroja cifras alarmantes sobre la solvencia financiera de OSPRERA”.

“En resumen -dice-, el pasivo que posee, sumado al déficit mensual, al hecho que la liquidez se encuentre en una situación de casi imposibilidad de pagos y que además por el tipo de organización el pasivo sea prácticamente de índole corriente, la situación de OSPRERA es económica y financieramente crítica”.

Sobre las prestaciones de salud, el informe destaca que no existe “una adecuada metodología y orden en la documentación” en el trámite de los reintegros SUR (destinados a cubrir intervenciones médicas y medicamentos de alto impacto económico), lo que “provocaría una mala gestión” de esas rendiciones “en cuanto a tiempo y forma”, lo que dificulta que la obra social recupere de manera más rápida esos fondos. “Si se tiene en cuenta que el recupero no es inmediato -indica-, resulta escaso ($45 millones mensuales), que son fondos erogados en fechas previas y que no incluyen actualización, hace que el recupero final sea prácticamente nulo y que represente un gasto sin recuperar de aproximadamente el orden de los $2.600 millones mensuales”.

Acerca de este tema, en la intervención dijeron que reforzaron de manera muy fuerte todo el equipo de prestaciones médicas y el de auditorías, para lo cual desdoblaron la gerencia: una se encarga de dar prestaciones y otra audita cada una de las prestaciones prescriptas por los médicos. Eso permite darle mucha transparencia a todo el circuito prestacional, que es el 80% del gasto total.

La auditoría se enfocó también en el “servicio tercerizado” que brinda UATRE a su prestadora de salud: la contratación de personal aportado por el sindicato para trabajar en las dependencias de la obra social en todo el país. Son más de 600 empleados que aporta el sindicato, sobre un total de alrededor de 1.300 que se desempeñan en OSPRERA.

Esta situación, sostiene el informe, “resultaría en una relación laboral en forma indirecta y que, a su vez, podría dificultar una correcta evaluación del servicio que se está brindando”. En números, representa una facturación mensual promedio de $500 millones y una deuda acumulada al 31/12/2024 de $7.763 millones. “Si se lo compara con los empleados de OSPRERA, cuyas remuneraciones mensuales rondan los $2.500 millones aproximadamente, resultaría una quinta parte adicional de empleados”, añade.

En relación con los sistemas y el control, de la auditoría en los sistemas SAP Finanzas (Contabilidad, Compras y Recursos Humanos) y SIO OSPRERA (mesa de entradas-usuarios externos) y vinculado a las principales gerencias de OSPRERA (Administración y Finanzas, Servicios al Beneficiario y Prestaciones Médicas), “se ha observado que no hay un manual o bien metodología clara y precisa que permita un procedimiento adecuado de carga de documentación, armado de expedientes y gestiones necesarias para un control de las prestaciones de servicios, insumos médicos y demás prestaciones indirectas”.

“En un mismo sentido -puntualiza-, la falta o escasez de dicho respaldo no permite una correcta trazabilidad tanto de los insumos como las prestaciones, como así tampoco una correcta identificación del proveedor e información de vital importancia a la hora de corroborar documentación relacionada: factura, estatuto y contrato vigente; presupuesto (en caso se soliciten) y otros”.

Cuando la auditoría pone la lupa en los proveedores de servicios de OSPRERA, por otra parte, aparecen indicios de serias anomalías: “Del muestreo realizado se analizaron indicadores de posibles irregularidades, tales como: facturación correlativa; servicio mensualizado que finaliza sin razón en coincidencia con la intervención; aumentos desmedidos sin respaldo; falta de órdenes de compra; pagos sin respaldo; montos altos y consecutivos de compra de productos; proveedores con situaciones irregulares en AFIP/ARCA, entre otras cuestiones”.

Proveedores bajo sospecha

Del análisis de 10 proveedores, que totalizan $1.700 millones, se resaltan “diversas situaciones que podrían determinarse como un posible fraude a OSPRERA”. Una es “la contratación de una auditoría en sistemas a una empresa de reciente creación, cuyo presupuesto inicial carecía de formalidades (fecha, firmas, detalle de entregables y plazos), cuyo costo del servicio no tiene respaldo en las tareas, plazos y personal afectado al trabajo a realizar, donde no pudieron ser comprobadas las tareas supuestamente desarrolladas, siendo la persona que aprobaba los servicios (gerente de Procesos y Sistemas) presuntamente familiar directo de dos de los socios de la empresa”.

El importe total de esa contratación fue de $803 millones, pero lo curioso, según fuentes vinculadas con la intervención, es que la compañía se creó específicamente para un servicio de asesoría en sistemas y hay recomendaciones internas de la capacidad de esta empresa para prestar los servicios de asesoría en sistemas que son previos a que sea constituida legalmente, con estatuto incluido.

Otro dato llamativo es que el dueño de esa compañía, tras conseguir el contrato, fue nombrado gerente de Sistemas de OSPRERA. Dejó su participación en la empresa, pero se reforzó el vínculo contractual con la obra social y quien quedó a cargo de esa firma es un empleado de su madre en una pizzería de su propiedad, resaltaron las fuentes consultadas. Por eso -agregaron- la dirección de la empresa que brindaba esos servicios era justamente la de la pizzería.

En las órdenes de compra no figura ni siquiera el trabajo a realizarse, ni los entregables, ni cuál es el producto final que van a dejar, según indicaron, y no se encontraron evidencias de nada que hayan hecho que sea suficientemente verificable.

Según la intervención de OSPRERA, ese proveedor tomó el control de la Gerencia de Sistemas y empezó a facturar con esta empresa “de manera obscena”, pero desde que tomaron conocimiento de estas irregularidades inmediatamente retuvieron los pagos que quedaban pendientes y presentaron una denuncia penal para que la Justicia determine la responsabilidad de las anteriores autoridades de la obra social y de las empresas proveedoras.

Insumos farmacéuticos sin controles

En relación con los insumos farmacéuticos, por otra parte, en la auditoría se realizó un muestreo de los 7 principales proveedores, que representan el 95% del pasivo al 31/10/2024: el informe hace hincapié en “la falta de metodología en la carga de la documentación de respaldo” y pone la lupa en una empresa, cuya deuda al 31 de diciembre es de $729 millones, y que en un muestreo de 5 órdenes de compra por $112 millones pudieron detectarse serias irregularidades: “Falta de firmas en auditorías; no se encuentran la totalidad de las planillas con troqueles que den conforme del servicio; falta de historias clínicas, en otros casos no se observa auditoría alguna, la carga de los tres 3 presupuestos sin membretado, archivos mal anexados, entre otros”.

A su vez, se menciona el caso de otro proveedor de OSPRERA, cuya deuda asciende hoy a unos $2.700 millones, que “no posee ninguna orden de compra en sistema, ni contratación, ni servicio prestado, ni auditoría y que incluso, a diferencia del resto, no posee presupuesto alguno comparativo y cuya alta se realizó el 12 de septiembre pasado y que, pese a existir otras empresas de antigüedad mayor, no se realizó su registración de la misma forma que las restantes”.

Las irregularidades detectadas también alcanzan a algunos afiliados a la obra social. En el informe se menciona el caso de una beneficiaria a quien se le brindaron servicios por aproximadamente $50 millones en 2024 y que el empleador posee una deuda, entre los períodos 10/2023 al 11/2024, de $699.270, “observando adicionalmente que dicho empleador resultaría ser el abuelo de la beneficiaria y padre del afiliado principal, siendo el alta en OSPRERA del afiliado principal posterior al hecho que ocasionó las lesiones permanentes al beneficiario”.

El otro caso se centra en la atención brindada a 4 miembros del grupo familiar de un afiliado por parte de un prestador que brindaría servicios por unas 3.000 horas a un costo de casi $8 millones mensuales en promedio, aunque “la última información brindada por la Gerencia de Prestaciones Médicas relacionada a la verificación de la prestación fue en 2017″. “Incluso la documentación de respaldo no posee las medidas de seguridad necesarias para la validación”, dice el informe.

Acerca de estos ejemplos, en la auditoría de OSPRERA se enfatiza en que “no se observa la existencia de un procedimiento de control de aportes o bien afiliaciones o si hay un seguimiento adecuado de las prestaciones médicas, ni que exista un área encargada de esta tarea”.

Más allá de las medidas adoptadas para sanear la obra social, el informe de gestión del interventor Petroni alude a una supuesta maniobra: “Se ha detectado en muchas de las delegaciones del interior del país el despliegue de una operativa contraria a la gestión de esta intervención y a los intereses de la propia obra social, incitando a los afiliados a iniciar acciones de amparo para el reclamo prestacional”.