Al tener mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los diputados del Frente de Todos (FdT) suscribieron el dictamen del proyecto de ley de presupuesto 2023, que llevarán el martes próximo al recinto de la Cámara baja. El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) no lo firmó tras las múltiples modificaciones que el FdT le incorporó a último momento. El oficialismo rechazó los cambios en el artículo que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación (DEX) -retenciones-, lo que aglutinó a la oposición para no apoyar el dictamen.
Con la firma de bloques aliados al oficialismo y del interbloque Federal -que lo suscribió en disidencia-, el FdT logró un dictamen de mayoría, aunque Carlos Heller, presidente de la comisión, no descartó nuevos cambios antes que el dictamen llegue al recinto.
En este sentido, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, logró cerrar filas entre los propios y, tras reforzar varias partidas sociales que se habían recortado en el texto original enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó el apoyo de los kirchneristas y representantes de los movimientos sociales en el FdT.
Por las mayorías. “Hemos tratado de alcanzar principios de acuerdo con el propósito de recibir el apoyo mayoritario de los bloques”, dijo Heller luego de detallar las modificaciones al texto. Uno de los cambios más importantes responde a un reclamo de Juntos por el Cambio: una cláusula que restringe al Poder Ejecutivo la asignación de ingresos extrapresupuestarios de manera discrecional si la inflación supera el 60%, pauta proyectada en el proyecto.
“Si al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso, para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”, dice el artículo agregado al texto original.
El texto de ese artículo indica que “el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”.
- Tras el fin del “dólar soja”, todo volvió a ser como era antes para el productor
- Sólo el 12 % de las hectáreas sembradas con trigo en la zona núcleo se encuentra en buenas condiciones
- Por la sequía y la retracción de China, el precio de la vaca cayó entre 5% y 30% en el último mes
- Granos: preocupan eventuales restricciones a la exportación de trigo y el freno de la liquidación de soja
“Hoy tenemos un dictamen mejor que el proyecto enviado por Poder Ejecutivo. Es superador”, sostuvo Martínez, quien reprochó la actitud de JxC de no firmar el dictamen. “Hicimos un enorme ejercicio de incorporar los aportes provenientes de todos los bloques. Tratemos de acompañar y hagamos lo imposible para que la votación en el recinto sea lo más amplia posible”.
A revisar. No obstante, la coalición opositora no firmó el dictamen a la espera de obtener más concesiones del Gobierno hasta que el proyecto llegue al recinto. “Agradecemos la voluntad de haber incorporado muchas de las cuestiones que fueron planteadas durante estos días de discusión, pero debemos revisar los artículos impositivos que fueron incorporados para poder avanzar”, argumentó Danya Tavela, de Evolución Radical, uno de los bloques de JxC.
De todas formas, salvo la Coalición Cívica (CC) y el republicano Ricardo López Murphy -que anticiparon que no acompañarán la iniciativa-, tanto el Pro como la UCR y Evolución Radical están por ahora dispuestos a avalar en general el proyecto enviado por Massa. En JxC impera el criterio general de no dejar al Gobierno sin presupuesto el año próximo.
Los opositores, a través de los diputados Luciano Laspina, Dania Tavela, Germana Figueroa Casas, Lisandro Nieri y Ricardo Buryaille, expresaron sus reparos y sus condiciones para apoyar la iniciativa, al menos en la votación en general.
Retenciones. Uno de los puntos clave son las retenciones al agro. El oficialismo pretende que el Poder Ejecutivo recupere la facultad para fijar las alícuotas, medida que es rechazada de plano por JxC.
“Queremos garantizar que las retenciones no van a subir. En trigo y maíz, el Gobierno todavía tiene márgenes para subir retenciones; si bien hubo un compromiso del ministro de Agricultura (Juan José Bahillo) de no hacerlo, creemos que tiene que quedar clarificado. Además, nosotros proponemos retrotraer a diciembre de 2019 el valor de las alícuotas de las retenciones a la soja, es decir, que vuelva al 30%”, argumentó Laspina.
En coincidencia se expresó Figueroa Casas. “Si se mantiene el artículo, proponemos que se habilite la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las pueda bajar. Proponemos que sea una facultad por cinco años”, insistió la diputada de Pro.
Además, los diputados de JxC reclaman que se mantenga congelada la planta de personal estatal. “Hoy existe un decreto del Poder Ejecutivo, pero se cumple a medias”, advirtieron. Además, insistieron en que el nuevo blanqueo que propone el Gobierno en el proyecto de presupuesto sea debatido por ley aparte. El beneficio está contemplado en los artículos 71, que permite blanquear capitales mediante la adquisición de viviendas usadas, y el 72, que lo promueve para la adquisición de bienes y servicios.
Cambios. Una de las modificaciones incorporadas apunta a que los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público paguen el impuesto a las ganancias, independientemente de su fecha de incorporación, iniciativa apoyada por unanimidad.
Por el contrario, una propuesta del diputado Sergio Palazzo, a su vez secretario General de la Asociación Bancaria, desató el fuerte rechazo opositor. Se trata de la inclusión de un artículo por el cual se pretende cobrar a las prepagas y obras sociales un 15% sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud. En JxC advirtieron que es un “golpe para la clase media”. “Castigan a los que pagan por un servicio que alivia las arcas del Estado no cargando la salud pública y que ya aportan mucho sobre sus sueldos”, advirtió Figueroa Casas.
Subsidios. En tanto, ante la presión de los gobernadores, Heller confirmó que se aumentarán de $66.000 M a $85.000 M los subsidios destinados al transporte de pasajeros provinciales. “Este monto será el piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías, preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”, precisó Heller.
Además, se crea un consejo federal para la administración de los subsidios, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Por otra parte, entre muchas otras modificaciones, se acordó la suba de $8000 M a $9000 M de los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, mientras que se incrementarán de $500 M a $1.000 M, los recursos del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.
