Crece la disputa entre un intendente kirchnerista y los productores rurales, por el pago de la tasa vial

Un grupo de productores del partido bonaerense de Bolívar denunció que la Municipalidad, a cargo del intendente Marcos Pisano (Frente de Todos), comenzó a intimarlos luego de desestimar el llamado proceso de Impugnación Recursiva, por el cual en enero pasado habían dejado de pagar la tasa vial, disconformes por el incierto destinado del dinero abonado.

Denise Stephani Campion, perteneciente al grupo de productores que se unió para reclamar por la falta de mantenimiento y obras en los 2.500 km de caminos rurales del distrito, explicó que “la semana pasada nos empezaron a mandar un dictamen interno de la asesoría legal, que nada tiene que ver con nosotros, ya que nos debe responder el ejecutivo, y además recibimos intimaciones a los domicilios para que paguemos, siendo que (el pago) lo tenemos suspendido porque presentamos una impugnación recursiva ante el intendente”.

Incumplimiento. Los productores argumentan que no se cumple la ordenanza vigente que dice que el municipio debe destinar el 80% de la recaudación a los caminos rurales y que, en los últimos 3 periodos no superó el 40%, según datos oficiales.

La productora agregó que “estamos recibiendo llamados del municipio; a mí me hablaron la semana pasada diciendo que estaba todo el proceso terminado, que teníamos que regularizar la deuda, que ya muchos productores estaban retomando el pago y que estaban conformes con lo que se estaba haciendo. Todo mentira, somos cerca de 400 productores en los grupos, estamos unidos y comunicados, y eso que dicen no es lo que pasa”, sostuvo.

El diferendo entre los productores rurales y el municipio se inició en enero pasado, luego de que el Concejo Deliberante de Bolívar aprobara un aumento en la tasa vial de entre un 60% hasta un 78%, además de haber quitado la bonificación por buen pagador del 15% al 10%.

Los productores, asesorados por el abogado Juan Pedro Merbilhaa, presentaron un escrito donde cada contribuyente, individualmente presentó en la municipalidad una impugnación recursiva ante el intendente.


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Recurso. Según explicó Merbilhaa, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo municipal de la provincia de Buenos Aires, cuando un contribuyente está disconforme, encuentra un vicio o no recibe servicios, puede presentar ese recurso ante el municipio.

Al mismo tiempo preciso que “en este caso hay dos cosas diferentes, pero que concurren. Por un lado, la falta total o casi total de servicio y, por otro, de tipo legal y jurídico, en donde a la tasa vial la convierten en un impuesto”, comentó sobre el planteo que realizaron y añadió: “Además, indicamos que para este ejercicio 2022 tiene aumentos exagerados, mal calculados; y una infinidad de vicios técnicos y económicos que significan lesiones jurídicas a los derechos del contribuyente”.

En este contexto, explicó que la propia ordenanza municipal dice que “cuando se impugna íntegramente un tributo, como en este caso, durante el proceso administrativo, el contribuyente no está obligado al pago”. Es decir, los productores están habilitados a dejar de pagar la tasa vial hasta que se resuelva la situación.

Merbilhaa precisó que la Municipalidad está obligada a impulsar el proceso y a presentar la documentación exigida, hasta que el intendente, que es quien conduce esta acción, finalmente tome una resolución. “Si esa resolución no le agrada al contribuyente, hay recursos para seguir contra ella”, comentó.

No obstante, Merbilhaa señaló que la semana pasada los productores empezaron a recibir un dictamen de asesoría legal. “Se trata de una documentación que en realidad se la deben notificar al intendente para que él lo tenga en cuenta al momento de dictar una resolución. Sin embargo, se lo notificaron directamente a los productores pretendiendo sustituir la decisión del intendente y evitando abrir a prueba el expediente”, denunció.

Explicó que “ese informe legal es algo interno, que simplemente hace consideraciones conceptuales, sin ninguna prueba, y eso es lo que les han trasladado como si fuera la resolución del intendente, y no lo es ni técnica, ni procesal, ni jurídicamente”, y añadió que “por eso el intendente está intentando sacarse esto de encima y en pleno proceso habiendo avanzado prácticamente nada”.

Intimaciones. En el mismo sentido que lo planteado por los productores, Merbilhaa señaló que “con llamados telefónicos han empezado a intimar a algunos contribuyentes, diciendo que el procedimiento se terminó con ese informe jurídico y el municipio le reclama las deudas de las cuotas que hayan vencido durante el proceso”.

“Esto es falso también porque el proceso no terminó y casi ni empezó”, denunció. Ante estas comunicaciones, el abogado detalló que presentaron un nuevo escrito. “Hay una violación de derechos porque quieren dar por terminado informalmente la causa. Esto quiere decir que el municipio no ha hecho nada de lo que la ley le obliga a hacer y pretende sacárselo de encima e intimidarlos a los contribuyentes diciéndoles que tienen deuda y que, si no, los van a ejecutar”, concluyó.

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