Lo aseguró el fiscal Diego Luciani este viernes, en la 8° jornada de alegatos del juicio oral de la denominada causa Vialidad, que investiga corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Precisó que CFK fue quien organizó el fraude a la administración pública en la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, que también integraron, además de Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó, con dolo, los aportes necesarios”, precisó el fiscal.
Luciani analizó la figura del delito de la asociación ilícita y dijo que se verifica en la causa y acusó de integrarla también al ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Agregó que “el objetivo era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y, después, darle a esos fondos apariencia legal, en las causas conocidas como “Los Sauces-Hotesur”.
Sobre López, De Vido y Periotti, la Fiscalía dijo que organizaron la asociación ilícita, porque “tenían competencias claves para influir en el desarrollo de la maniobra”. Sobre Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, y ex funcionario de Planificación Federal, Luciani dijo que no se demostró que haya prueba que haya participado de la asociación ilícita.
Limpieza. El fiscal exhibió nuevos mensajes del celular de López que comprueban lo que denominó el “plan limpiar todo”. Antes que Mauricio Macri asumiera como presidente de la Nación, en diciembre de 2015, la administración de Cristina Kirchner le pagó $537 M a las empresas de Báez y ordenó que se abandonaran las obras y las compañías, y se despidiera a todo su personal. Para Luciani, los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible” para Báez.
“Después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”, concluyó el fiscal.
En la primera audiencia de juicio oral, la Fiscalía ya había mostrado los primeros mensajes del plan “limpiar todo”. Reuniones de López con Cristina Kirchner, de la entonces presidenta con Báez y conversaciones del ex secretario de Obras Públicas, José López, con Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, sobre cómo debían cerrarse las empresas. Todo sucedió en noviembre de 2015, días antes de que CFK dejara la presidencia.
Chats. Luciani aportó ayer mensajes que no se conocían. “El mensaje debería ser, esto es 15 de enero, limpiar todo. Ok”, le dijo López a Mendoza el 28 de noviembre de 2015. “No dejar sensación nunca más de retomar las obras”, agrega López. Y Mendoza le contestó: “El lunes o martes limpiamos a todos. No queda nadie”.
Luego, el ex secretario de Obras Públicas le dijo a Mendoza que había que pensar la comunicación: “comunicación hacia adentro, a la comunidad y a la empresa. Y establece un relato para los tres actores”.
“Tal fue así, que cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa desapareció. Sí señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, agregó Luciani en un encendido inicio de la audiencia.
Fantasma. “El Grupo Austral nació y vivió durante los tres mandatos presidenciales”, agregó Luciani. El fiscal sostuvo que las empresas de Báez terminaron la gestión sin plata en la caja y con deudas con el fisco, a pesar de los cobros millonarios que tuvo. “Se transformó en una empresa fantasma después de diciembre de 2015″, aseguró.
A pesar de esa situación, el fiscal destacó que Báez compró estancias en Santa Cruz. En total, adquirió 415.000 ha de campo. “La Capital Federal tiene una superficie de 20.000 hectáreas. Báez compró el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires”, graficó.
En la audiencia de este viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola ya anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los 13 imputados de la causa, entre quienes se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Si no piden más tiempo, la última audiencia será este lunes. Luego será el turno de los alegatos de cada defensa, que tendrán 3 audiencias: la primera defensa en alegar será la de Báez y la de CFK la sexta.
La expectativa del Tribunal Oral Federal (TOF), si se llega con los plazos por la dinámica que tienen los juicios orales, es que antes de fin de año pueda dar su veredicto en el caso.
En la causa se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas de manera irregular con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz, durante las gestiones kirchneristas.
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La fiscalía ya aseguró que en esas adjudicaciones hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos, mientras las defensas, que esperan su turno para alegar, plantearán que las obras fueron realizadas y que si alguna no se terminó fue por abandono atribuido al gobierno de Juntos por el Cambio.
Desvinculados. En la audiencia del pasado martes, la Fiscalía desvinculó de los hechos a quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus 2 mandatos como presidente. Se trata del actual primer mandatario, Alberto Fernández; del ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa; del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y de Juan Manuel Abal Medina.
Luciani señaló que durante los gobiernos de CFK “los jefes de Gabinete fueron cambiando, pero la estructura de la asociación ilícita se mantuvo”, en referencia a que Julio De Vido fue ministro de Planificación Federal y Nelson Periotti, titular de la Dirección Nacional de Vialidad durante los 12 años de gobierno, incluyendo el mandato de Néstor Kirchner.
Al respecto, el fiscal señaló que todos los expedientes para ampliar el presupuesto de las obras que recibió Báez se iniciaban en la cartera de Planificación: “Sería desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir órdenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. Esto es así porque la obra púbica ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete”, explicó.
Los ex jefes de Gabinete declararon como testigos en el juicio porque en ese rol eran los encargados de firmar las modificaciones de partidas presupuestarias, entre ellas las de las obras de Báez. Todos hablaron sobre cómo era ese mecanismo y descartaron que Cristina Kirchner haya cometido irregularidades.
Descontrol. Los fiscales Luciani y Sergio Mola también hablaron de la falta de controles sobre las obras del empresario. Luciani dijo que el Congreso aprobaba las cuentas de inversión sobre las obras las con 3 a 5 años de demora.
Mola agregó que eso sucedía porque “los acusados conocían el funcionamiento de la administración” y detalló la falta de controles de otros organismos. Uno de ellos la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, que nunca designó a los funcionarios que debían hacer los controles. Situación similar a la del Tribunal de Cuentas santacruceño, al que calificaron de “órgano parasitario”, en aquellos años en los que no hizo ninguna auditoría sobre las licitaciones ni sobre las obras públicas.
También los fiscales se enfocaron en la falta de controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde fue designada como síndica general adjunta la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli.
Si la Fiscalía no pide más tiempo, este lunes será la novena y última audiencia, en la que se hará el pedido de pena para los 13 acusados en el juicio.
