Algunas bancas del bloque oficialista de la Cámara de Diputados aparecieron con unos volantes, cuyo texto decía “salario básico universal ya”. El proyecto de ley, presentado por el diputado nacional Itai Hagman, del Frente Popular en el Frente de Todos (FdT), afín al dirigente social Juan Grabois, cuenta con el respaldo político de Cristina Kirchner, pero eso no es suficiente como para que sea aprobado en la Cámara baja. Por eso, la vicepresidente le planteó a Alberto Fernández que avance con la puesta en marcha desde el Poder Ejecutivo. Es decir, por decreto, usando la lapicera.
Según los cálculos que hacen los diputados que pertenecen a las organizaciones sociales oficialistas, el salario básico universal tendría un costo fiscal bruto anual de $826.068 M, lo que equivaldría al 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ese es el costo que tendría para el Estado la creación de una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional, destinada a personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena”, ya sea que se desempeñen como “cuentapropistas” o en la “economía informal”, según explica el proyecto de Hagman.
Hora de actuar. Según la iniciativa, que se basó en el trabajo del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), que dirige Hagman, el Salario Básico Universal (SBU) se mediría por el monto de una canasta básica alimentaria de un adulto que, en mayo pasado, se estimó en $14.401. Grabois, a quien responde políticamente el diputado Hagman, exigió este martes que el proyecto salga “por decreto”, porque “es hora de actuar” para “recuperar -según denunció- un poquito de lo que nos robaron”.
Lo mínimo indispensable:
Salario Básico Universal para las y los trabajadores no registrados
Aumento para empleados públicos y privados de bajos ingresos
Aumento para jubilados
Todo por decreto. Es recuperar un poquito de lo que nos robaron. Ya hablamos mucho. Es hora de actuar. pic.twitter.com/LudS7QL7Nf— Juan Grabois (@JuanGrabois) July 5, 2022
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En los estudios técnicos en los que se basa el proyecto kirchnerista, que la vicepresidenta puso sobre la mesa de Alberto Fernández en la cena del lunes en la quinta de Olivos, se calcula una “población objetivo total de 13,9 M de beneficiarios”, si es que no se establecen límites por grupo familiar, ni condicionamientos patrimoniales o de consumo. Mientras que esa cifra baja a 11,2 M, si se fija un tope de dos SBU por grupo familiar. El proyecto de ley también tiene un modelo más acotado, para 7,5 millones de personas.
El proyecto busca darle ingresos al 27% de la población adulta, de entre 18 y 64 años, enfocándose en “la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada”. La iniciativa de Hagman coloca como beneficiarios del salario básico universal a “trabajadores desocupados, informales, monotributistas sociales, del sector agrario (trabajo temporario) y de casas particulares”, y también a “monotributistas categoría A y asalariados registrados, cuyos ingresos brutos no superen el límite de $38.850 mensuales en 2022″.
El diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, acompañando el proyecto de Hagman, dijo que “vamos a empujar el debate nosotros”. Junto a él, firmaron la iniciativa los legisladores Carlos Selva, Mónica Macha, Jorge Romero, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Graciela Landriscini, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Verónica Caliva, Claudia Ormachea, Mara Brawer, María Rosa Martínez y Leonardo Grosso.
En tanto, el bloque de Juntos por el Cambio, ya fijó posición: no acompañará porque se pretende “romper la relación entre el esfuerzo y el salario”.
El Kirchnerismo vino a Diputados con un cartel de “Salario Básico Universal” ignorando, cómo bien sostiene @alejandrocacace, que el salario es el pago por el trabajo, o peor aún, pretendiendo que ya no lo sea más; intentando romper la relación entre el esfuerzo y el salario pic.twitter.com/ou4Nh2yCRc
— Martin Tetaz (@martintetaz) July 5, 2022
