El debate interno del Frente de Todos (FdT) sobre los derechos de exportación tiene una dimensión internacional tan imperceptible como gravitante para la única referencia aun en pie en la economía argentina: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la controversia, se combinan la política exterior con la realidad cotidiana del argentino de a pie que sale espantado cada vez que compra lo que puede en un supermercado. Con una inflación piso del 65% para el año, en la Argentina, y con valores de los alimentos que superan en varios puntos esa proyección, la receta para frenar el aumento de precios adquiere una importancia clave. Aunque en otra escala, es un fenómeno sin solución que se repite en el mundo, como consecuencia de la pandemia, a tal punto que, en la UE, la inflación anualizada ya llega a 8%, un número astronómico para los países desarrollados.
Alberto Fernández tendrá la oportunidad, el próximo miércoles 8, de comprobar la proporción de esta preocupación de escala global. En la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, EE. UU. el presidente argentino escuchará de primera mano la opinión del país anfitrión y de Canadá -dos de los integrantes del G7- sobre el drama que representa para los países más poderosos del mundo garantizar la provisión de alimentos a precios razonables. Y cómo, ese suministro puede reordenar alineamientos estratégicos a nivel global.
Sucede que la invasión de Rusia a Ucrania no sólo hizo volar por los aires el equilibrio geopolítico, sino que alteró a tal punto los mercados internacionales de alimentos que los riesgos de hambrunas no excluyen casi a ningún país.
Sin desacople. Dos expertos argentinos que conocen las interrelaciones entre la diplomacia y la economía global, citados por Infobae, alertan que tanto el G7 como el G20 -donde inciden y mucho China y Arabia Saudita- pusieron al tope de sus agendas el fortalecimiento de sus proveedores de alimentos. Tanto Daniel Marx como Claudio Loser, de ellos se trata, entienden que, con la oferta de Ucrania, el granero de Europa, reducida a su mínima expresión o sin ella, la mirada de muchos de sus clientes apunta a países como Brasil y Argentina. Más aún, cuando India, el 8° exportador mundial de trigo, se retiró del mercado internacional.
En las últimas semanas, el presidente del Banco Mundial, David Malpass; el primer ministro británico, Boris Johnson, y la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, advirtieron sobre las causas y consecuencias del flagelo de inminentes hambrunas a escala mundial.
Las economías más desarrolladas reaccionan a una retracción de la oferta con distintas estrategias para aumentar los bienes disponibles. Es la contracara del modelo kirchnerista que, ante un aumento de la demanda, pisa la oferta, en vez de fomentarla. Lo hace mediante cepos, subsidios e impuestos, como los derechos de exportación (DEX) (las mal llamadas retenciones) que se aplican a los alimentos que el país consume y también vende al mundo. Una herramienta que, cuando no tuvo opciones, frente a restricciones fiscales, también utilizó el ex presidente Mauricio Macri.
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Más allá del debate interno en el FdT y de los desvaríos casi cotidianos del presidente
Alberto Fernández, que fueron “corregidos” en los últimos días por sus ministros Economía, Martín Guzmán, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, respecto de una suba de retenciones, no sólo no está previsto, sino que temen que aumentarlas provoque dos efectos negativos: una rebelión inmediata en las provincias, de consecuencias políticas imprevisibles y, simultáneamente, un mínimo a casi nulo impacto en las góndolas. “La producción está casi toda vendida. De hecho, estas son las semanas de liquidación de la cosecha pasada. El impacto real de tocar las retenciones, para el fisco y los precios, es casi nulo”, explican en el Gobierno.
Según las estimaciones del mercado, de una producción total de 57 M de toneladas de maíz, fueron volcadas al mercado interno 22 M, las exportaciones ascienden a 35 M y sólo quedarían 5 M que podrían ser alcanzado por un cambio en las alícuotas de los DEX. En el caso del aceite de girasol, las estimaciones hablan de un remante de apenas 60.000 toneladas sobre 1,3 M cosechadas.
Una cuestión de Fondo. Pero en las discusiones argentinas sobre el tema está ausente el rol que pueden tener los países que apoyaron el acuerdo con FMI. “En un contexto de guerra, los países del G7 y China pueden plantear como argumento que no se pongan límites ni se comprometan los excedentes. Hoy no se pone como condición para aprobar las revisiones no tocar las retenciones, pero si se agrava la crisis alimentaria, nadie puede descartarlo”, explica uno de los analistas consultados por Infobae.
Dentro del acuerdo con el FMI, que en términos prácticos desde todos los sectores políticos se lo considera “letra muerta”, se incluyeron criterios vinculados al comercio exterior que podrían ser esgrimidos para poner condiciones. El destino de los ingresos extraordinarios -acumular reservas o achicar pasivos- y el sostenimiento de políticas que promuevan el desarrollo de sectores, que generan divisas para que la falta de dólares no frene el crecimiento.
Una calificada fuente oficial citada por Infobae dijo que “no se aumentan las retenciones porque es una decisión del Gobierno. El Fondo Monetario no vería mal que sí se aumenten. De hecho, algunos técnicos nos lo dijeron, porque garantizaría más recaudación para pagarles. La decisión de no tocarlas no cambió. Por más que lo pida el FMI o La Cámpora”.
La misma fuente subrayó la ineficacia de esa estrategia para frenar los aumentos de precios. Sólo como ejemplos, mencionan estimaciones del sector privado -revisadas por los propios funcionarios gubernamentales- que advierten que una suba del 12% al 33% de las retenciones al maíz tendría un impacto mínimo en la producción de cerdos y leches, alimentos que están “hechos” de ese insumo: la incidencia en el precio final de la carne porcina y los lácteos pasaría de 8,4% al 6,6% y de 4,8 al 3,8%, respectivamente.
Con el mismo “impuestazo” al campo, en carne vacuna y pollo, se pasaría de 13% a 10,3% y del 13,2% al 10,4%, en cada caso. Y en la harina, subir 21% los DEX, equivaldría a bajar $ 24 de los casi $300 que el INDEC establece que cuesta el kilo de pan. Así, según esas estimaciones que le acercaron al presidente Fernández, con un aumento de las proporciones que pide el kirchnerismo -pasando del 12% al 33%- se estaría hablando de un ahorro marginal para los castigados bolsillos argentinos
