Así surge de un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que calculó ese importe para las retenciones que los productores pagaron sobre las exportaciones de los complejos de soja, maíz y trigo en las últimas 2 décadas.
En cambio, si el cálculo se extiende al resto de los bienes y servicios que pagan derechos de exportación (DEX), el volumen cobrado por el Estado argentino asciende a US$147.000, de los que el 80% los aportó el complejo agroindustrial. Así lo mensuró el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, que apuntó que el campo aportó en DEX, en los últimos 20 años, casi 3 veces el préstamo de US$45.000 millones que el FMI le dio a la Argentina.
Gonzalo Augusto, economista de la bolsa cordobesa, dijo al diario La Nación que la Argentina es uno de los “pocos” países en el mundo que apela a los DEX con el argumento de controlar los precios internos de las materias primas gravadas. Sin embargo, explicó que “no sirvieron para contenerlos, pero sí son una fuente de ingresos importante de los últimos 20 años”.
“Afectan el precio que recibe el productor en el mercado interno. No son una retención como se los llama vulgarmente, porque eso implicaría una devolución. También alteran las decisiones de siembra en función de cuánto pesan sobre los distintos productos”, argumentó.
Sanción a la producción
En tanto, desde la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el economista David Miazzo subrayó que los US$112.000 M de recaudación son, “básicamente” recursos que “no se reinvirtieron” para la producción.
“Gran parte hubieran ido a desarrollar nuevas áreas productivas, mejores semillas, más fertilizantes, mejorar los sistemas de riego para encarar proyectos agroindustriales o hacer más ganadería”, detalló.
Sin esas inversiones, se produce menos de lo que se podría, no solo granos, sino también se podría haber desarrollado más ganadería e incluso granjas porcinas. “Los productores tendrían más capital en su mano y querrían invertir para producir más y agregar valor, lo que se traduciría en más empleo y exportaciones”, explicó.
Miazzo calificó al impuesto de “sanción” a la producción, que va en contra de nuevas inversiones. “Hoy tenemos menos producción, menos empleo y menos exportación de lo que podríamos haber tenido. Achata todo; va pasando el tiempo y se avanza muy despacio. Son millones de dólares que se le sacaron al interior productivo del país; es potencial de desarrollo y crecimiento económico que se le quitó”, se lamentó.
En esa línea, insistió en que con provincias “más pujante” se colabora con el desarrollo de todo el país, “tracciona y descomprime las problemáticas de las grandes ciudades. Este esquema da para pensar en qué país se quiere desarrollar, si más equilibrado y equitativo o más desbalanceado”, señaló.
Si bien los recursos salen de las zonas productivas, no vuelven en forma directa a ellas, porque esos DEX no se coparticipan con las provincias. “Pese a todo ese dinero (recaudado) el Estado nacional no logró convertirlos en mejoras de los servicios que presta, ni en una mejora sustentable de la calidad de vida. No supieron convertir ese dinero en crecimiento sostenible”. Para Miazzo si no se discute el nivel de gasto público, la Argentina “nunca podrá bajar la carga fiscal ni del campo ni de ningún otro sector productivo ni podrá bajar la inflación”.
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Vivito y coleando
Sobre los DEX, Juan Manuel Garzón, economista del IERAL agregó: “Lamentablemente el impuesto hoy está más vivo que nunca. En el primer trimestre representó 9% del total de la recaudación total; entre 2002 y 2021 en ese período era en promedio 7%. Hoy es más alta la participación y eso hace más difícil pensar en su eliminación”.
Precisó que los derechos de exportación equivalen, en promedio, a 40% de Ganancias y 30% de IVA, los 2 impuestos más importantes en todos los países y eso se vincula con el “alto nivel de alícuotas sobre varios bienes y sobre productos importantes en las exportaciones”.
Garzón admitió que, más allá del consenso de que es un “mal impuesto”, es difícil evaluar su impacto real, porque convive con otros problemas y cargas que afectan al sector. Apuntó que, a partir de 2007/2008 cuando el campo advirtió que no era un tributo “de emergencia”, como se lo planteó en 2002, empezó ver su efecto desalentador sobre las exportaciones.
“Los derechos se suman a otras medidas del kirchnerismo que afectan las operaciones al exterior. Hasta la primera década de este siglo la producción agropecuaria crecía, después empiezan a haber decisiones que (la) afectan”, opinó Garzón. Para el economista, la
suba de precios internacionales “enmascaran” en determinados ciclos el impacto nocivo del impuesto, pero “cuando baja la marea, queda transparentado que es muy malo, que quita incentivos”.
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El Estado, adicto a los DEX
Por su parte, Iván Ordoñez, economista especializado en agronegocios, dijo en la revista digital Seúl, que “las retenciones a las exportaciones no son un accidente, fue la forma en la que se eligió salir de la crisis del 2001 y todos los gobiernos reafirmaron, hasta el de Macri que intentó eliminarlas”, recordó.
Estimó que se logró una recaudación todavía mayor a lo estimado por diversas entidades. “Si pasamos la recaudación en pesos de la AFIP a dólares de cada mes en que se cobraron, llegamos contando la estimación de 2022 a 187.000 millones de dólares; es una enormidad de recursos que fueron todos a gasto corriente, que no amplió la capacidad productiva: universalización de jubilaciones que quebró la ANSES, un crecimiento exponencial del empleo estatal provincial, subsidios de tarifas de servicios públicos, reestatizaciones como Aerolíneas Argentinas y el sistema ferroviario (ambos muy deficitarios) o la compra de YPF (que se aseguró que sería gratis y luego costó una fortuna que no se corresponde con su valor de mercado actual). Apenas una parte no muy significativa se destinó a su razón original: los planes sociales”, señaló.
Ordóñez señaló que “las retenciones presentan hoy un doble desafío: el volumen de recursos que le sustraen al sector privado y la forma en la que se lo sustraen. Para disminuir esa presión es imperativo que se reduzca el gasto: el volumen de recursos que las retenciones sustraen sólo puede disminuirse si el gasto disminuye. Gran parte de lo que podría llamarse la expansión de gasto de Cristina Fernández debería poder reducirse”, agregó.
Ordoñez explicó que “la discusión sobre las retenciones es, en el fondo, una discusión sobre el Estado que estas posibilitaron durante estos 20 años: un gigante que se hizo adicto a ellas”.
