Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), Mariana Zuvic (Coalición Cívica -CC-, Santa Cruz) y Gerardo Milman (Pro) presentaron sendos proyectos para derogar la ley 27.604, sancionada en 2020, a instancias de un proyecto del ex jefe de bloque del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, que prohíbe la venta de campos incendiados.
La norma, bajo el supuesto de que todos los incendios de campos serían provocados, motivados por una especulación inmobiliaria, prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras rurales siniestradas por incendios que hubieran afectado a bosques nativos o implantados, así como áreas naturales protegidas y humedales, por un plazo de hasta 60 años. Esa prohibición es de 30 años en caso de campos incendiados en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales.
Millman argumentó en su proyecto que “(la actual ley) presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohíbe la venta de las mismas tierras incendiadas”. Y agregó que “no contempla que los incendios pueden ser provocados por otros factores, como los naturales. Por eso, esta ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación”.
Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas. (Abro hilo) pic.twitter.com/3cP2NbMJ0S
— Gerardo Milman (@gmilman) February 21, 2022
Zuvic, por su parte, cuyo bloque, además de reclamar la derogación de la ley impulsada por Kirchner, impulsará otra iniciativa de alivio fiscal a los productores afectados por incendios, manifestó en su iniciativa que “está claro que la ley en cuestión se asienta sobre la peligrosa generalización de suponer la existencia de una especulación e intencionalidad detrás de los incendios, fijando inmediatamente la responsabilidad a los propietarios”. Y agregó que “existiendo múltiples razones por las cuales se origina el fuego y habida cuenta de los enormes perjuicios económicos que se encuentran hoy sufriendo los miles de afectados por las llamas, es evidente que el objetivo de la ley es únicamente castigar al propietario, sin ningún objetivo de conservación y protección ambiental real”.
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La ley 27.604 que impulsó Máximo Kirchne, y el Congreso sancionó a fines de 2020, modificatoria de la ley 26.815 de manejo del fuego, estableció que en caso de incendios (provocados o accidentales) que afecten bosques nativos o implantados, así como áreas naturales protegidas y humedales, los propietarios de dichas tierras además de estar impedidos de venderlos, tampoco pueden modificar el uso y destino ellas tenían con anterioridad al incendio. Tampoco, dividir o subdividir el terreno, excepto que se trate de una partición hereditaria, ni efectuar loteos o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta. Es decir que actualmente la ley vigente les prohíbe efectuar, en campos incendiados, toda otra actividad agropecuaria o no que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.
La ley vigente, ampliamente resistida en 2020 por las entidades agropecuarias, se aprobó con el apoyo con el voto del oficialismo y buena parte de sus aliados, mientras que JxC había votado en contra.
Zuvic recordó que “nosotros advertimos los peligros contenidos dentro del proyecto de ley impulsado por el diputado Máximo Kirchner, los cuales suscitarían consecuencias devastadoras para la producción, las economías regionales y ciertos emprendimientos municipales, siendo asimismo regresiva en cuanto a la protección ambiental ya existente”, recordó Zuvic, quien advirtió que esta norma “criminaliza al propietario de la tierra, sin indagar sobre su culpabilidad,” ya que le impide “el uso y libre disponibilidad de la propiedad por un tiempo excesivo”.
Por su parte, los diputados nacionales de la CC reclamaron que se cite al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, para que detalle las acciones que realiza su cartera para la mitigación de los incendios.
La posible catástrofe ganadera .
Si la sequía se agrava, no sólo en Corrientes, es imprescindible que la emergencia y la zona de desastre involucre exenciones impositivas por liquidaciones forzadas de stock ganadero. Apoyemos a los productores de su angustia presente y futura.— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 21, 2022
En este sentido, los legisladores de ese partido señalaron que “el Fondo Nacional de Manejo del Fuego contó con más de 3000 millones de pesos en 2021. Por ello solicitamos al ministro de Ambiente que informe sobre las contrataciones realizadas y los planes que tiene su cartera para el robustecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), considerando la situación catastrófica que atraviesan distintas provincias, en las que no se ha evidenciado una gestión ágil y responsable de los recursos”, advirtieron los diputados de la CC.
