Cabe destacar que el 27 de Noviembre pasado, el Gobierno había autorizado al pago de las compensaciones para pequeños y medianos productores de soja, por aquellas ventas que fueron registradas en el período entre el 1° de Febrero y el 30 de Septiembre de 2020.
Ahora bien, esa promesa parece haber quedado simplemente en palabras, ya que aproximadamente un 30% de los 38.000 beneficiarios aún esperan el depósito en sus cuentas.
En esta línea lo expresó Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), que además precisó que él mismo se encuentra dentro de ese porcentual de productores que, a pesar de estar en el listado, no lograron cobrar esa retribución en sus cuentas bancarias. Palomo hizo esa apreciación en función de datos que según sostiene poseen en la organización.
Por su parte expresó que: “en mi caso no recibí nada. Mi socio cobró pero yo no. Se hicieron consultas a la AFIP pero no hubo respuesta. Nos dijeron que íbamos a cobrar pero todavía seguimos esperando”, sostuvo.
En coincidencia, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) , la entidad donde se concentra la mayor cantidad de beneficiarios, señaló que dentro de su organización también existen productores que no han recibido la compensación.
A su vez sostuvo que: “existen dos tipos de inconvenientes, por un lado aquellos que no estaban en el listado porque para pagar el Gobierno realizó el corte del SISA al 31 de julio y por uso y costumbres los productores tienen el hábito de informar a partir de septiembre. Pero, por otro lado, están los que sí estaban en el listado y aún así no han recibido el beneficio en sus cuentas”, detalló.
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En este contexto, semanas atrás el dirigente de FAA mantuvo contacto con la cartera de agricultura para solucionar los inconvenientes que habían surgido al respecto. Allí le asignaron un funcionario que le daría curso al reclamo “pero que días atrás se cortó el diálogo”.
Además subrayó que: “ya me comuniqué con el ministro Luis Basterra para que nos asigne otra persona para que se ocupe de solucionar el tema de las compensaciones no cobradas”, señaló.
Para los productores es importante que el pago de las compensaciones sea “espontáneo y rápido” para que, tras la venta del producto, no se produzca un desfasaje entre un “pago de la compensación tan lejano y la inversión que los productores buscan realizar con el importe recibido”.
Añadió también que: “provoca una distorsión en los precios. Necesitamos que se afecte a las primeras ventas del producto de manera tal que, rápidamente, vayan recibiendo la compensación de las retenciones y que no haya que esperar un ciclo completo de un año para que se reintegre dicha compensación”, dijo Achetoni.
Por su parte expresó que: “lamentablemente con la inflación en el país y la variación en la moneda, tenemos unas fluctuaciones muy grandes y cuando se reintegra es a precios históricos y el efecto no es el mismo que si se hiciera de manera espontánea, a 30 días de la venta del productor. Así habría un mayor efecto y los productores podrán aprovechar contundentemente ese reintegro”, añadió.
En este sentido, Palomo indicó que no solo preocupa la gran cantidad de productores que estaban en condiciones de recibir la compensación y quedaron afuera por los requisitos que no pudieron cumplimentar, sino que además “se devuelve tarde”.
Finalmente Achetoni hizo referencia a que: “los productores beneficiarios que pensaban contar con ese dinero para comprar insumos para producir tuvieron que hacerlo con otros medios”, se quejó y agregó que “si uno le debe a la Afip, se deben pagar intereses monstruosos, sin embargo cuando le pagan a uno te devuelven a valores nominales”.
Para el dirigente de Apronor, una medida a rever por parte del Gobierno son las escalas utilizadas para el otorgamiento de las compensaciones: “Tengo colegas que produjeron una tonelada demás y quedaron fuera del beneficio. Se deben analizar y revisar esas escalas y las distancias por rentabilidad”.
Por último y según la legislación, en la actualidad la medida solo comprende a quienes han declarado una superficie sembrada de hasta 400 hectáreas destinadas a ese cultivo y facturado durante 2019 un máximo de $20 millones.
