El productor de Coronel Pringles Mario Arias, a quien la Justicia le iba a rematar el viernes próximo su casa por una deuda de los noventa con el Banco Nación, recibió una buena noticia en las últimas horas: se suspendió la subasta que estaba prevista en Bahía Blanca.
Así lo decidió el juez Walter López Da Silva, de Bahía Blanca, porque hay una acción de amparo ya iniciada.
En el ciclo agrícola 1996/97, Arias, un contratista agrícola, sacó un crédito para comprar una cosechadora. Era por unos 100.000 pesos de esa época. Lo hizo para trabajar en la región como prestador del servicio de cosecha.
Después de 20 años, por ese crédito a Arias el Banco Nación le quiso rematar una casa que es su vivienda única y está como bien de familia. El productor había puesto la misma máquina como garantía. Perdió la cosechadora en una inundación. El seguro que tenía no sirvió para esta situación.
Arias se había enterado por el diario, en edictos judiciales, que la entidad le iba a rematar la casa el próximo viernes. Sin embargo, tras un pedido de su abogada, Virginia Iraldi, el juez frenó la subasta.
Arias señaló que, pese a que estuvo pagando el compromiso del crédito, igual el banco avanzó con las acciones judiciales. “Queremos arreglar”, dijo a LA NACION tras conocer la decisión del magistrado de Bahía Blanca.
Arias y otros 9 productores rurales de esa región del sudoeste bonaerense iniciaron una acción de amparo contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, el Banco Nación y el Fideicomiso Provincial creado por la ley 12.726, por un conflicto proveniente desde los noventa con el Banco Nación que en el resto de las provincias se resolvió con una medida del gobierno anterior.
“La provincia de Buenos Aires adhirió a esa política de Estado mediante un convenio que firmó Daniel Scioli con el presidente del Banco Nación el 10 de febrero de 2010, pero terminó el mandato de ese gobierno sin que se llegara a ponerlo en ejecución por el tiempo que llevó su tramitación, pero sin que surgiera causa alguna que lo impidiera”, contó el abogado Víctor San Román.
Fuente: La Nación
