En un sistema financiero poco desarrollado, la mayor parte de los recursos financieros son provistos por los propios productores: el excedente de un año se emplea para financiar la campaña siguiente y de quedar un sobrante en inversión en bienes de capital. La dificultad de acceder a financiamiento bancario hace necesaria la búsqueda de fuentes alternativas de capital. Ejemplos de estas son la capitalización de hacienda, el arrendamiento a porcentaje, los acuerdos con proveedores de insumos y la venta anticipada de cosecha.
Un mayor desarrollo del sistema financiero permite “separar” las decisiones de ahorro, de las inversión productiva. Ahora los intermediarios financieros captan recursos de los ahorristas y los canalizan a los productores. El capital llega a estos productores en la forma de créditos, pero también como capital de riesgo en la medida que inversores toman crédito bancario y lo canalizan a diversos emprendimientos.
Existe eficiencia en la asignación de capital financiero cuando el precio que están dispuestos a pagar los productores por una unidad adicional de recursos es igual a la suma de lo que requieren los ahorristas por proveer este capital más lo que le cuesta a los bancos hacer de intermediarios. El precio demandado por los ahorristas por prestar fondos está afectado por la existencia de otras alternativas y por la incertidumbre que enfrentan, relativa a condiciones futuras. A su vez, el costo de intermediación bancaria es afectado por la flexibilidad o no que tienen los bancos para optimizar su plantel de recursos humanos y la tecnología informática, aspectos regulatorios y la presión impositiva.
En la Argentina, la banca oficial ha sido la principal oferente de crédito al agro. Esto no es producto de reales ventajas comparativas, sino el resultado de que estos bancos han recibido aportes y subsidios de diverso tipo. La asignación de crédito por parte de la banca pública no ha estado exenta de presiones políticas: el directorio y la alta la gerencia de estos bancos tiene su origen en nombramientos que surgen del partido gobernante.
Un aumento de la participación del sector bancario privado orientado al sector rural podría mejorar la canalización de recursos financieros a proyectos de máxima tasa de retorno, a la reducción de costos de intermediación, a la simplificación de trámites y al desarrollo de capital humano. Pero para ello es necesario que todas las instituciones bancarias compitan en terreno parejo, cosa que en la actualidad no ocurre.
Fuente: La Nación
