Los productores agropecuarios del partido de Adolfo Gonzales Chaves, en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, están muy enojados porque, en el contexto de lo que consideran un “pésimo” mantenimiento de los caminos rurales, el gobierno municipal, prorrogó la vigencia de la llamada “tasa por equipamiento y sostenimiento” para salud, que se incluye en cada factura de la tasa de red vial, que legalmente había caducado a fin de 2021.
Con motivo de la pandemia por el Covid-19, el intendente Marcelo Santillán, del Frente de Todos (FdT), envió al Concejo Deliberante local una iniciativa para incluir, dentro de cada factura de la tasa de red vial, un nuevo ítem de $10 por ha -la “tasa por equipamiento y sostenimiento” para salud-, que el legislativo municipal le aprobó, en mayo de 2021, para cobrar de junio a diciembre, inclusive, del año pasado.
Sucedió que, en enero de 2022, Santillán le pidió al Concejo Deliberante una prórroga por 4 meses más de esa tasa de salud, mientras él se comprometía a mejorar la infraestructura del hospital de Gonzales Chaves, para colocar el tomógrafo que había comprado con los $28 M que había recaudado en los 7 meses en que había estado en vigencia esa tasa. Si el legislativo municipal aprobaba la prórroga pedida por el intendente, el cobro la tasa extra iba a extenderse solo hasta abril pasado.
Pero el pedido de Santillán al legislativo municipal no prosperó. Así fue que, con una ordenanza fiscal, el intendente decretó que, “al no haber aprobado el Concejo Deliberante la prórroga de la fecha de aplicación de la tasa, el departamento ejecutivo (la municipalidad) busca la alternativa para evitar el cierre de la terapia intensiva, el recorte de las guardias médicas activas o cualquier otro recorte en las prestaciones de salud (en el hospital local)”. Así, prorrogó la aplicación de la “tasa por equipamiento y sostenimiento” del sistema municipal de salud “hasta el final del ejercicio (31 de diciembre de 2022, más 8 meses más que lo pedido al Concejo), haciendo uso de sus facultades que le son propias”.
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Inconstitucional
En 2021, en oportunidad de implementarse la tasa, Juan Pedro Merbilhaa, expresidente de Carbap y abogado constitucionalista, había advertido que la resolución del Consejo Deliberante de González Chaves era inconstitucional, porque “la salud pública se atiende por el Estado (provincial) con los impuestos. Es lo mismo que la seguridad y sobre esta hay jurisprudencia de la Suprema Corte actual de la provincia”, afirmó.
Ana María Martín, secretaria de la Asociación de Productores del Partido de Gonzales Chaves (Asoprocha), en diálogo con el diario La Nación manifestó su queja: “Tenemos los caminos destruidos, sin mantenimiento alguno y encima nos viene la factura de la tasa vial con el ítem de salud que ya no está en vigencia”, se quejó.
Martín detalló que el porcentaje de pago de la tasa vial en 2021 fue alto (82%): “Acá, si bien somos muchos pequeños y medianos productores, hay muchas empresas de grandes superficies, que no les afecta el pago y lo abonan sin problemas, pero a nosotros todo nos cuesta mucho”. Contó que ella tiene 411 hectáreas y debe pagar $8.220 por la tasa de salud con cada factura bimestral de la tasa vial, ya que la tasa extra, al ser mensual, cada bimestre la cobran por partida doble: “Uno no tiene la posibilidad de discriminar el pago porque viene en forma conjunta”, se quejó.
En medio del creciente malestar por el estado de los caminos, el pasado 20 de abril, productores, transportistas, prestadores de servicios rurales, contratistas, consignatarios de hacienda y docentes que se desempeñan en el ámbito rural de Gonzales Chaves se reunieron en la localidad de De La Garma, en un intento de revertir la situación de los caminos rurales que califican de “caótica” y encontrar alguna solución al respecto.
Martín señaló que “lo más grave es que la plata que se recauda por tasa vial no se vuelca a los caminos. No tenemos el servicio que corresponde. Y eso que todavía no ha llovido mucho; si tenemos un invierno llovedor, directamente vamos a quedar aislados”, advirtió.
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Preocupación por más aumentos
La dirigente ruralista y productora rural chavense relato que “hemos llegado hasta el punto de que ya no conseguimos que los camiones atmosféricos quieran prestar sus servicios en los campos. Esto está afectando nuestra actividad. No hacen nada y encima nos cobran una tasa de salud. Es difícil seguir de esta manera. En algunas zonas es más catastrófico: a los caminos que están en los límites de otros distritos los descuidan totalmente”, se quejó.
Además, destacó que, en marzo de 2021, la intendencia recibió, de parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, en el marco del Plan de Caminos Rurales, $5,13 M para comprar y colocar alcantarillas. “Sin embargo aun ningún tubo ha sido colocado y cómo no se cumplió con la meta, el partido no puede recibir más plata de ese programa”, detalló.
Finalmente, Martín señaló que “para colmo se viene un aumento de la tasa vial, con una fórmula que tiene en cuenta el valor del combustible, que eso estaría bien siempre y cuando las maquinas viales pasaran a arreglar los caminos, pero también tiene en cuenta el precio de los granos y de la hacienda, que no tiene relación alguna con lo que se paga”, finalizó.
Según informó el diario La Nación, al consultársele a la Municipalidad de Gonzales Chaves respecto de la prórroga por el decreto de la tasa de salud, las autoridades comunales no respondieron a la requisitoria periodística.
