Productores fueguinos advierten que el avance descontrolado de perros salvajes provoca pérdidas millonarias, abandono de campos y riesgo ambiental. Alertan que sin presupuesto ni continuidad en las políticas públicas, la actividad no puede crecer.
La ganadería en Tierra del Fuego atraviesa una amenaza silenciosa pero persistente que ya dejó huellas profundas en el mapa productivo de la isla: los ataques de perros asilvestrados. Se trata de una problemática de larga data que hoy vuelve a encender alarmas entre productores, quienes reclaman medidas urgentes, financiamiento y una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.
Desde hace más de un siglo, la producción ovina y bovina forma parte de la identidad productiva fueguina. Sin embargo, en las últimas décadas, la presión de jaurías de perros sin control alteró por completo ese esquema. “Es un problema que lleva al menos 45 años, pero se agravó fuerte hace tres décadas y dejó fuera de producción a muchos establecimientos”, explicó Lucila Apolinaire, productora y referente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego.
El impacto fue tan severo que obligó a modificar la matriz productiva: muchos campos abandonaron la oveja y pasaron al bovino, principalmente Hereford, mientras que otros directamente dejaron de producir o se vendieron. Aun así, el avance de los perros no se detuvo.
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Ataques cada vez más graves
Lo que antes parecía circunscribirse a la majada ovina hoy se extendió a otras especies. “Ya hay ataques a vacas, caballos y recientemente un productor perdió 30 llamas. También es un riesgo para las personas y para el ambiente”, advirtió Apolinaire. En un contexto de campos abiertos, bosques y terrenos escarpados, el control se vuelve extremadamente complejo.
La productora remarcó que existe una ley provincial para el control de poblaciones caninas, sancionada en 2018, pero sin presupuesto asignado. “Sin fondos, la ley no se cumple. Además, los cambios de gobierno afectan la continuidad: no hay una política sostenida. Hoy ni siquiera está claro quién es el responsable del área ambiental”, señaló.
“Que las ciudades dejen de mandar perros al campo”
Uno de los puntos más sensibles del reclamo apunta al origen del problema. “Necesitamos que las ciudades dejen de mandar perros al campo. Eso es lo que llamamos la fábrica de perros”, enfatizó Apolinaire. Según estimaciones locales, solo en Río Grande habría unos 12.000 perros, otros 14.000 en Ushuaia y cerca de 3.000 en Tolhuin.
En los campos, las cifras también preocupan. Cámaras trampa registraron grupos de hasta 7 perros en un mismo establecimiento, aunque hay productores que reportan jaurías de 16 o incluso más de 20 animales. “Se comportan como lobos”, describen.
Si bien la caza está permitida desde 2008, la geografía juega en contra: montes, cerros y bosques dificultan cualquier intento de control efectivo.
De un millón de ovejas a menos de 300.000
Los números reflejan el impacto productivo. Tierra del Fuego llegó a tener más de un millón de ovejas; hoy quedan alrededor de 290.000. En paralelo, se contabilizan unos 56.000 bovinos. La Asociación Rural reúne a 42 productores, aunque hay otros que ya no forman parte del circuito formal.
En su propio establecimiento, Apolinaire cuenta que la producción ovina solo es posible en condiciones casi domésticas. “Tenemos menos de 100 ovejas, con perro protector y muy cerca de la casa. En invierno nos mataron nueve novillos. Primero fue la oveja, después la vaca, los caballos, los guanacos y las llamas. No sabemos qué sigue”.
Un problema productivo, ambiental y social
El avance de los perros asilvestrados no solo frena la producción, sino que también genera campos abandonados, lo que facilita aún más su expansión. “El crecimiento es exponencial. Nadie sabe cuántos perros hay, pero algunos hablan de más de 35.000 en el campo”, alertan desde la entidad rural.
En un contexto donde la demanda mundial de alimentos crece y los precios de la carne y la lana ofrecen oportunidades, los productores sienten que no pueden aprovecharlas. “Justo ahora que podríamos producir más, no podemos. Es casi un crimen”, lamentan.
El reclamo final es claro: reglas estables, presupuesto, continuidad y una estrategia de largo plazo. “El productor necesita condiciones para trabajar. Queremos saber hacia dónde va la provincia y el país. Sin políticas de Estado sostenidas, es imposible planificar y crecer”, concluyó Apolinaire.
