En un área de 500 mil hectáreas, ocho consorcios del norte de Córdoba ya tienen listos los planes básicos para la sistematización de las cuencas hídricas.
En Villa Gutiérrez, una localidad situada al pie de la sierra, en la esquina en la que se unen los departamentos Ischilín y Totoral, Leonardo Giménez trabaja 500 hectáreas alquiladas.
Es un campo con pendiente en el que a simple vista es posible ver lotes con cárcavas que constituyen la prueba fiel de la erosión hídrica, producto de la falta de un correcto manejo de los excesos hídricos que bajan desde la montaña cuando las lluvias son importantes.
Además de intensificar las rotaciones, sumando vicia en invierno a la soja y el maíz del verano, Giménez comenzó esta campaña con la construcción de terrazas. “Empecé en los sectores más críticos. Es el primer año que siembro sobre curvas de nivel y espero muy buenos resultados”, relata.
Giménez es el presidente del consorcio de conservación de suelos Valle de Avellaneda, uno de los ocho que operan en el norte de Córdoba y que ya tienen listos sus planes básicos de acción para mejorar la gobernanza del agua.
Se trata de una iniciativa impulsada por la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) y financiada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, que busca no solo evitar las pérdidas productivas, sino también proteger los caminos rurales y las poblaciones urbanas de posibles inundaciones.
Es a través de un trabajo de los consorcios de conservación de suelos, con los canaleros y camineros, nucleados en un Consorcio Integrado de Cuencas en el que se busca aunar criterios para la gestión de los excedentes pluviales.
“Los planes básicos de acción nos permiten contar con radiografías regionales que establecen cuáles son los puntos críticos de cada una de las cuencas. Son como un manual que fija pautas mínimas para bajar el caudal que viene de arriba, de la mano de un abordaje integral”, explica Giménez.
Encausar los excesos
“El río siempre vuelve a su cauce”, es la frase que guía el trabajo de David Torre, que en la licitación convocada por la SRJM ganó la ejecución de los proyectos técnicos para siete consorcios: Villa de María de Río Seco (200.484 hectáreas), Valle de Avellaneda (70.553), Río Pinto (60.097), Camino Real (17.732), Jesús María (62.008), Río Carnero (56.916) y Pie de Sierra (17.521).
Son 485 mil hectáreas en total pero el estudio de Torre analizó un universo de 800 mil. Es a través de mapas en los que siguió el criterio de marcar con una línea celeste los cursos naturales del agua, con una línea punteada las vías reales por las que actualmente se desaguan los excesos, y con una línea roja cuáles son las “tapias” que deberían construirse para que un curso no trasvase a otro.
Lo que muestran estos relevamientos es que hay muchas vías de desagüe que no van por su carril natural, e invaden incluso otros cauces, y terminan siendo un factor determinante para los daños por inundaciones.
Para Torre, la secuencia lógica que debería seguirse para determinar las tareas realizar es: primero lo agronómico, segundo lo vial y tercero lo hidráulico. “Al agua no la estamos usando bien, no debería sobrar. Lo primero que hay que hacer es reducir los caudales que vienen de arriba y para eso hay que mejorar el trabajo a campo para aumentar la retención e infiltración, con más cultivos o terrazas, por ejemplo”, grafica.
Al igual que Torre, Crusta opina que lo esencial es la parte agronómica, para que el agua quede donde cae.
“La base es cobertura de suelos y rotación de cultivos. Lo que no puedas retener con eso, conducirlo con obras de ingeniería: terrazas, canales de desagües empastados y, en última instancia, microembalses”, precisa.
Pero insiste en que lo fundamental es el criterio de hacer economía del agua: atacar los efectos y no las causas. “Si llueve y los lotes están pelados, ¿para qué hacer diques si lo mismo se van a tapar? Por eso es primordial un manejo integral como el que se está proponiendo”, sostiene Crusta.
Fuente: Agrovoz
