Denuncian bajo uso de semilla fiscalizada y alertan por cobros “indiscriminados”. El debate por la ley de semillas vuelve a escalar.
El debate por la Ley de Semillas volvió a encenderse con fuerza en el agro. Por un lado, los semilleros advierten una crisis en el sistema por el bajo uso de semilla fiscalizada. Por el otro, productores rechazan la adhesión a UPOV 91 y aseguran que no están dispuestos a “inmolarse”.
La discusión suma tensión en un momento donde no hay señales claras del Estado para destrabar el conflicto.
Qué está pasando
La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) declaró al sector en crisis y apuntó directamente a un problema estructural:
el bajo nivel de comercialización de semilla fiscalizada.
Según la entidad, esto frena la inversión en genética y debilita todo el sistema productivo.
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Por qué importa
El punto central del conflicto es económico:
- Semilleros reclaman mayor uso de semillas certificadas
- Productores denuncian aumento de costos y regalías
- Falta de reglas claras frena inversiones
La semilla, como primer eslabón productivo, queda en el centro de la disputa.
Productores en alerta
Desde Apronor, la postura es contundente:
rechazan avanzar con UPOV 91 porque implicaría:
- Limitaciones al uso propio
- Cobros obligatorios de regalías
- Mayor presión sobre los márgenes
“El productor no quiere ser la variable de ajuste”, advierten.
El dato que tensiona el debate
En el norte, productores aseguran que algunas nuevas variedades no superan en rendimiento a materiales de más de 15 años, pero sí implican mayores costos.
Incluso señalan casos extremos: semillas certificadas que pueden costar hasta USD 2.800 por tonelada, frente a precios de consumo mucho más bajos.
Qué puede pasar ahora
El escenario sigue trabado:
- Semilleros piden una mesa de diálogo urgente
- Productores exigen no avanzar sin consenso
- El Estado aún no define una estrategia clara
El riesgo: que la falta de acuerdo termine afectando la innovación y la competitividad del agro.
A quién afecta
El conflicto impacta en toda la cadena:
- Productores agrícolas
- Empresas semilleras
- Proveedores de tecnología
- Sistema productivo en general
El debate ya no es técnico: es económico y político.
