La obra social de los rurales entra en emergencia: deuda récord y un plan extremo para sobrevivir
Al borde del colapso económico, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) activó su alarma máxima. Su interventor, Marcelo Petroni, solicitó a la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para evitar la paralización de servicios y garantizar la atención de más de 700 mil afiliados en todo el país.
El pedido llega en un contexto de números devastadores: un endeudamiento que roza los $96.000 millones, un déficit mensual que llegó a superar los $5.800 millones y una estructura de personal que excede ampliamente los límites legales. La proyección oficial es que, con el PPC, se podrían ahorrar más de $10.500 millones y alcanzar un equilibrio presupuestario sin recortar prestaciones esenciales.
El plan presentado por Petroni incluye medidas drásticas. La más sensible: la eliminación de 638 puestos sobre un total de 1.160 empleados. Para ese proceso se calcula una liquidación final cercana a los $20.930 millones, más un esquema de indemnizaciones según el artículo 247 por otros $10.465 millones pagaderos en 12 meses. Para facilitar la reestructuración, también se solicitó una exención de cargas sociales durante un año.
El ajuste no se limita al plantel de trabajadores. El interventor propuso un fuerte recorte del gasto administrativo, la reasignación de personal, la eliminación de funciones duplicadas y una transformación tecnológica integral: digitalización de procesos, nueva página web, asistente digital, receta electrónica, telemedicina 24 horas, tercerización de call centers y desarrollo propio de software para normalizar cartillas. El objetivo: reducir tareas manuales y ganar eficiencia.
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Los motivos de la crisis están detallados en el PPC. Antes de la intervención, el déficit mensual de OSPRERA oscilaba entre $4.800 y $5.800 millones; el gasto administrativo trepaba al 17% de los recursos (más del doble del límite legal del 8%) y alrededor de un cuarto del personal no estaba asignado a ninguna gerencia. Auditorías recientes, ordenadas por los decretos 720/2024 y 1045/2024, detectaron incumplimientos legales, manejo irregular de fondos y contratos “leoninos” con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato liderado por José Voytenco.
En materia económica, los indicadores son alarmantes: el déficit anual pasó de $12.889 millones en 2023 a una proyección de $50.617 millones para 2024. Los salarios y cargas sociales consumen $4.000 millones por mes, mientras que la anulación de una rendición por $8.000 millones agravó aún más la situación.
La crisis financiera se mezcla con una interna política explosiva. OSPRERA se convirtió en el epicentro de una disputa entre el sindicato de Voytenco y el Gobierno, que designó a Petroni como interventor en noviembre. Voytenco denunció penalmente al secretario de Trabajo, Julio Cordero; al exdirector de Asociaciones Sindicales Claudio Aquino; y al diputado Pablo Ansaloni, acusándolos de intentar apropiarse de la conducción del gremio. A su vez, la Secretaría de Trabajo suspendió el congreso que había reelegido a Voytenco por presuntas irregularidades. Más tarde, la Justicia rechazó el pedido oficial de intervenir UATRE.
La batalla judicial continúa escalando: el fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Cordero y el juez Sebastián Casanello ordenó nuevas pericias sobre llamadas, geolocalización de celulares y documentación oficial.
