Amplio respaldo en Diputados al proyecto de ley sobre aplicación de fitosanitarios
En una sesión plenaria conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de entidades agropecuarias, gobiernos provinciales y organizaciones técnicas manifestaron un fuerte apoyo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Fitosanitarios. La propuesta, impulsada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), busca establecer por primera vez un marco regulatorio nacional que brinde previsibilidad al sector productivo y garantice la protección ambiental y sanitaria.
El encuentro fue encabezado por Atilio Benedetti, presidente de las comisiones de Agricultura y de Recursos Naturales, y contó con la participación de referentes de la RedBPA y del sector agroindustrial. Entre los expositores estuvieron Ramiro Costa y Nieves Pascuzzi, coordinadores de la Red; Ramiro Cid y Eugenia Magnasco, en representación de CREA; Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba; y Lucas Magnano, titular de Coninagro, entre otros.
Costa destacó que la RedBPA está conformada por más de 80 instituciones públicas y privadas que representan a productores, la industria, la academia y organismos técnicos. Subrayó que el texto de la ley es fruto de un proceso de consenso interinstitucional que demandó más de 40 reuniones de trabajo entre distintos actores de la cadena agroindustrial y organismos nacionales y provinciales. Señaló que la iniciativa permitirá compatibilizar la producción agropecuaria con la preservación ambiental y la salud pública, aportando transparencia y previsibilidad.
Por su parte, Pascuzzi recordó que el anteproyecto comenzó a elaborarse en 2020, con estudios de deriva y jornadas de aplicación que aportaron evidencia técnica para definir distancias y condiciones de trabajo. Explicó que el proceso se extendió durante dos años y se apoyó en pruebas concretas para establecer criterios científicos sólidos.
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Magnasco remarcó que el texto incorpora las más recientes innovaciones tecnológicas en materia de aplicación de fitosanitarios. Indicó que “Entre Ríos es la única provincia que ya contempla el uso de drones en su normativa”, y que el proyecto nacional considera también tecnologías de aplicación dirigida o selectiva, que reducen el volumen de productos y mejoran la eficiencia. Añadió que la propuesta está alineada con estándares internacionales —como los de la ONU, la OCDE y el Mercosur— y respaldada por más de 38 pruebas locales de deriva.
En tanto, Cid detalló que la norma plantea tres zonas diferenciadas para las aplicaciones: una zona sensible, donde no se permiten tratamientos por la proximidad a áreas habitadas o cuerpos de agua; una zona de exclusión, con límites de 10 metros para aplicaciones terrestres y 45 metros para aéreas; y una zona de amortiguamiento, en la que se habilita la aplicación bajo condiciones controladas. Según explicó, estos valores son comparables con los utilizados en países como Canadá, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.
Cid también precisó las condiciones ambientales exigidas: realizar aplicaciones con humedad relativa superior al 50%, temperatura menor a 25 °C y vientos de entre 3 y 15 km/h, en sentido contrario a las zonas sensibles. Recomendó además aplicar con baja presión, gotas grandes y tecnologías antideriva. En las zonas de amortiguamiento, se requerirá aviso previo de ocho horas, señalización visible y uso de manga de viento para garantizar transparencia y seguridad.
Magnano valoró que el Congreso avance con un marco normativo claro y federal. Sostuvo que “la previsibilidad es esencial para el productor”, dado que el crecimiento urbano muchas veces condiciona la continuidad de las actividades agropecuarias. Agregó que una ley de presupuestos mínimos aportará tranquilidad tanto a las comunidades como a los productores, al establecer reglas claras y un entorno regulado.
Asimismo, resaltó que el desarrollo del sector ha sido posible gracias al avance tecnológico y a fitosanitarios cada vez más seguros. “Necesitamos una ley que ordene la actividad, otorgue previsibilidad y acompañe el crecimiento productivo que requiere el país”, afirmó.
Al término del plenario, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su respaldo al proyecto, al considerar que representa un paso clave para dotar al sector agroindustrial y a la sociedad de un marco regulatorio moderno y previsible. Su presidente, Gustavo Idígoras, celebró el debate legislativo y sostuvo que “un ordenamiento basado en la ciencia es esencial para promover un desarrollo productivo sustentable y federal”.
El CAA reiteró que la promoción de buenas prácticas es uno de sus ejes estratégicos, con el objetivo de fortalecer la productividad, proteger el ambiente, elevar los estándares sanitarios y garantizar la seguridad de los trabajadores y de las comunidades rurales.
