Las entidades empresariales Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) han presentado un escrito en apoyo a la reforma laboral decretada por el presidente Javier Milei ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esta acción se suma a la realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y otras entidades del interior del país.
El escrito presentado busca respaldar el decreto que impulsa el Gobierno y que ha sido suspendido por diferentes amparos judiciales. En particular, las entidades solicitan la derogación de los artículos que contemplan multas económicas, ya que consideran que estas dificultan la generación de empleo genuino, especialmente para las pymes.
Según expresaron, las multas económicas afectan de manera desproporcionada a las empresas y a la sociedad en su conjunto. Además, las entidades argumentaron que las multas establecidas por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 han sido un error de política legislativa en materia social y económica, ya que disuaden a los empleadores de contratar. Sin embargo, aclararon que su respaldo se limita exclusivamente al derecho individual del trabajo y no incluye el derecho colectivo del trabajo.
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En el escrito presentado, también se adjuntaron informes económicos que respaldan los argumentos de las entidades. Esta acción se realiza bajo la figura de amicus curiae, que permite a terceros ajenos a la disputa presentar argumentos u opiniones que pueden ser considerados durante el juicio.
Las entidades empresariales han destacado la necesidad de modificar las normas laborales para reducir las cargas, costos e ineficiencias que han provocado una disminución en las contrataciones y obstáculos para el desarrollo de las pymes.
Según indicaron, el empleo formal en el sector privado se ha mantenido estancado desde 2011, lo que ha llevado a que el empleo informal supere al formal en un 33%.
En resumen, CAME, la Rural y Coninagro han presentado un escrito en apoyo a la reforma laboral ante la Corte Suprema, solicitando la derogación de los artículos que contemplan multas económicas. Estas entidades consideran que estas multas dificultan la generación de empleo genuino y afectan de manera desproporcionada a las empresas y a la sociedad en general.
