El Gobierno envió al Congreso el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá reprogramar los pagos al organismo de 2022 y 2023, y despeja el escenario de financiamiento para los próximos años.
El proyecto de ley aprueba el programa de facilidades extendidas por unos u$s45.000 millones, que reemplaza el acuerdo stand by de 2018 firmado por la gestión de Mauricio Macri por u$s57.000 millones, de los cuales el país recibió casi u$s44.000 millones.
El proyecto de 137 páginas, remitido a la Cámara de Diputados de la Nación, incluye como anexos la totalidad de los documentos que componen el acuerdo: los Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, y el Memorándum de Entendimiento Técnico.
Desde el Ministerio de Economía aclararon que “le pedimos plata al Fondo para pagarle al Fondo” los vencimientos de aquel préstamo y de esa manera “mejorar el perfil de vencimientos netos con respecto al insostenible que nos dejó Juntos por el Cambio”. Como el Fondo no acepta reestructuraciones de deuda, se avanzó en un nuevo programa, cuyos ejes centrales son los siguientes:
Duración y revisiones: Tiene un plazo de 2 años y medio en relación a los compromisos asumidos. En ese lapso habrá, 10 revisiones trimestrales, con desembolsos en cada una de ellas. Su repago será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio, “sin sacrificar dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio”.
Vencimientos y desembolsos: El primer desembolso del FMI será de u$s9.800 millones (7.000 millones en derechos especiales de giro -DEG-, la canasta de monedas con que se maneja el FMI), que llegarán tan pronto como se apruebe el proyecto de ley. Será clave, porque el 22 de marzo vencen unos u$s2.800 millones del programa anterior y no están los recursos para pagar. Además, este mes hay que pagar un vencimiento al Club de París.
Los u$s9800 millones servirán para fortalecer las reservas. El cronograma de vencimientos del acuerdo stand by de 2018 establecía vencimientos de u$s19.000 millones este año y de unos u$s20.000, en 2023.
Políticas de ajuste e inclusión social: Este acuerdo, según el Gobierno, se logró sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todo su transcurso, algo inusual en los programas de financiamiento del FMI. También prevé expansión en infraestructura, ciencia y tecnología y políticas de fortalecimiento de asistencia social y transición de planes sociales a empleo genuino. Se combatirá la pobreza infantil y reorientará la ayuda para fomentar la inclusión en el mercado laboral, sobre todo para las mujeres y los trabajadores con calificaciones bajas o insuficientes. Por otra parte, el acuerdo no contempla ninguna reforma previsional ni reforma laboral.
Lee también
Obra pública: Está previsto incrementar la inversión en infraestructura a más de 2% del PIB en 2022, partiendo de un promedio de 1% del PIB entre 2018 y 2020, manteniendo ese nivel durante la vigencia del programa. Se enfocará especialmente en mejorar las condiciones de vivienda y sanidad en las zonas urbanas más pobres, y en reforzar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Además, se protegerá y ampliará el gasto en ciencia y tecnología, a fin de promover la innovación.
Déficit fiscal y deuda: El programa plantea una “reducción virtuosa del déficit fiscal”, lo que supone que habría crecimiento real. “Hemos trazado una estrategia plurianual de consolidación fiscal, en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, que se reducirá a 1,9% del PIB en 2023, y a 0,9% en 2024”, señaló el Ministerio de Economía. Con el acuerdo, Argentina podría avanzar hacia una política fiscal contra cíclica. Si los ingresos reales del gobierno nacional fueran superiores a lo programado, hay un compromiso de aprovecharlos para reducir debidamente el déficit fiscal. Se buscará especialmente la expansión de la deuda pública en pesos, así como el apoyo de la comunidad internacional (endeudamiento en dólares), lo que “facilitará la eliminación total del financiamiento monetario del déficit para finales de 2024”.
Tarifas: Se incrementarán las tarifas de servicios públicos que pagan los usuarios, a partir de una reducción de los subsidios, en especial en energía (electricidad y gas). Los sectores de mayor capacidad económica contribuirán en mayor medida a la reducción de los subsidios energéticos y el resto tendrá aumentos que estarán por debajo de la subas de salarios. Los incrementos afectarán tanto a usuarios residenciales como a industrias y comercios. El 10% de mayor capacidad de pago no tendrá más subsidios y pagará la tarifa plena. Quienes tengan tarifa social tendrán un incremento máximo del 20% anual y el resto tendrá subas promedio del 42%, equivalentes al 80% del coeficiente de variación salarial.
Inflación: Se acordó que la inflación es multicausal y no solo un fenómeno meramente monetario. Para reducirla de forma duradera se precisará contar con un sendero fiscal y de financiamiento sostenible, que ayude a reducir sin demora el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central. Estas medidas se complementarán con una política monetaria prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos. Se promoverán políticas voluntarias de precios e ingresos”, frente a la inercia de la inflación y del desancle de las expectativas de la dinámica inflacionaria.
Precios Cuidados y políticas de ingresos: Está vigente un acuerdo voluntario de precios (Precios Cuidados) con más de 150 participantes del sector privado, para que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos representativos de la canasta de consumo masivo. Ese acuerdo de precios será un complemento de los salariales vigentes, para apoyar el crecimiento de los salarios reales.
Devaluación: No se prevé un salto brusco del tipo de cambio oficial. El objetivo es calibrar su gestión para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo, incentivando, además, la acumulación de reservas. Para alcanzar esta meta, “la tasa de ajuste del tipo de cambio oficial mantendrá el tipo de cambio real efectivo en 2022”.
Tasas de interés: Se acordó tener una estructura de tasas de interés reales positivas, por encima de la inflación, para fortalecer la demanda de activos en pesos y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera.
