En medio de un conflicto laboral, la empresa láctea Vidal se vio obligada a enfrentar una serie de recursos legales luego de que un juez ordenara la reincorporación de 26 trabajadores despedidos. Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó todos los recursos presentados por la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, y la legisladora Florencia Arieto.
Un revés para la pyme láctea
La empresa láctea Vidal, ubicada en el partido de Carlos Casares, decidió despedir a los trabajadores después de que sus plantas fueran bloqueadas por el sindicato Atilra. Argumentaron que los empleados no respondieron al llamado de la empresa para regresar a trabajar. Ante esta situación, el gremio inició una causa judicial a cargo del juez laboral José Ignacio Ramonet, quien ordenó la restitución de los trabajadores despedidos.
La empresa presentó distintos recursos y quejas contra el juez de la causa, pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó todos ellos. Esta resolución generó frustración en la dueña de la empresa, quien expresó su descontento y señaló que la justicia no comprende las dificultades de mantener una empresa en funcionamiento.
El origen del conflicto
Según fuentes sindicales, el conflicto entre los trabajadores y la empresa láctea comenzó en 2018, cuando los empleados reclamaron el pago correcto de presentismo, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene, y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.
En 2022, los trabajadores realizaron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, vencida esta resolución, los trabajadores retomaron las medidas de fuerza con el apoyo del sindicato Atilra. Desde el sindicato argumentaron que la empresa no realizó propuestas para cumplir con las leyes laborales y el convenio colectivo de trabajo 2/88, que rige para los trabajadores de la industria lechera. Ante la falta de acuerdo, los trabajadores de lácteos Vidal iniciaron un paro por tiempo indeterminado en agosto de 2022.
Un mes después, la empresa decidió despedir a los 29 trabajadores en paro y contrató personal nuevo para continuar con la producción. Esta decisión generó aún más tensión entre la empresa y el sindicato, y llevó a la presentación de recursos legales por parte de la empresa láctea.
A pesar de los obstáculos legales y el revés sufrido en la justicia, la dueña de la empresa confía en que al final del camino habrá justicia. Además, cuestiona el accionar del sindicato y asegura que la empresa no cedió a la extorsión del bloqueo.
Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las pymes en el ámbito laboral y la importancia de encontrar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la sustentabilidad de las empresas.
