El municipio de Sancti Spiritu, de la provincia de Santa Fe, ha anunciado la implementación de una tasa al transporte de cargas, la cual se aplicará únicamente a los transportistas con domicilio fuera de esa localidad.
Esta medida ha generado controversia y ha sido calificada como un “impuesto distorsivo” por parte de las gremiales agropecuarias de Santa Fe.
Las entidades gremiales que representan a los productores agropecuarios santafesinos han manifestado su rechazo a esta medida impulsada por el jefe comunal de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti.
La tasa propuesta establece que se gravará con un 1% de la facturación total al transporte con origen de la carga en dicha localidad santafesina. Cabe destacar que esta tasa solo se aplicará a los transportistas con domicilio fuera de Sancti Spiritu.
Además, el jefe comunal Vincenti ha dispuesto que los agentes de retención serán aquellos que contraten los servicios de transporte de cargas.
Asimismo, se ha establecido un mínimo equivalente a 5 litros de gasoil que deberá ser abonado al momento de contratar los servicios de carga. En caso de incumplimiento, se aplicará una multa de 300 litros de gasoil mensuales hasta que se abone el importe correspondiente.
Ante esta situación, el campo santafesino ha reaccionado rápidamente. En un comunicado titulado “Al borde de la ilegalidad” y firmado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, los ruralistas expresaron su rechazo a esta decisión.
Consideran que se trata de un impuesto distorsivo que afecta negativamente a los contribuyentes. Es importante destacar que el municipio carece de facultades para imponer impuestos, según la Ley N°2.756 “Orgánica de Municipalidades y Comunas” y la Ley N°8.173 “Código Tributario Municipal” de la provincia de Santa Fe.
Por lo tanto, consideran que esta medida no constituye un servicio público y exigen que las autoridades de Sancti Spiritu actúen dentro del marco legal y que los gravámenes públicos sean proporcionales a los servicios prestados.
