El achicamiento de la “brecha” (diferencial entre el dólar oficial y el paralelo) a valores cercanos al 20% en los primeros días de gobierno, que llegó a 180% con el gobierno anterior, sumado a una devaluación mensual administrada (crawling peg) del 2%, sin dudas fueron una buena noticia para el campo.
Es importante mencionar que el diferencial de tipo de cambio funciona como una especie de derecho de exportación. Quedó la sensación de comenzar a transitar el camino correcto. Previo a las elecciones, el equipo agropecuario liderado por Fernando Villela fue claro en que, si bien el objetivo es bajar retenciones, esto no sería posible en una primera etapa.
Sin dar una definición clara respecto a cuánto duraría esta “primera etapa”. Luego, con el DNU y la ley ómnibus, el gobierno propone un aumento de retenciones (33% soja y 15% plano para muchos de los productos agropecuarios incluyendo economías regionales y agroindustriales) y la brecha comenzó a aumentar hasta llegar a valores actuales del 50%, de alguna manera contradiciendo ese inicio prometedor.
Más allá de su evolución posterior, promovido por distintos sectores productivos y políticos que llevaron a una baja para las economías regionales y otros productos, con idas y vueltas hasta su eliminación en la ley ómnibus, lo que preocupa es lo conceptual. Está claro el mensaje de la búsqueda de déficit cero, el aumento de recaudación necesario para lograr el mismo, y la importancia del campo para lograrlo, pero entendemos que aumentos “planos” sin tener en cuenta el impacto en las distintas economías, sin además considerar el poder recaudatorio de dicha economía que quizás es mínimo (mayor daño que beneficio), sumado a una falta de definición de por cuánto tiempo (programa de retenciones decrecientes) y en el marco de un aumento de la brecha cambiaria, nos hace pensar que en este punto es más de lo mismo, que no es el camino correcto. Si tiene cuatro patas y ladra…
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El campo argentino ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales de la economía del país. Sin embargo, en los últimos años ha enfrentado numerosos desafíos y cambios en las políticas gubernamentales que han afectado su desarrollo y competitividad. Uno de los aspectos más relevantes en la relación entre el campo y el gobierno es el tema de las retenciones. Las retenciones son impuestos que se aplican a las exportaciones de productos agropecuarios, con el objetivo de aumentar la recaudación fiscal y controlar la salida de divisas.
En los primeros días de gobierno, se observó una reducción significativa en la brecha cambiaria y una devaluación mensual administrada del 2%, lo cual fue bien recibido por el sector agropecuario. Sin embargo, posteriormente se propuso un aumento de las retenciones, lo cual generó preocupación en el campo. Si bien es comprensible que el gobierno busque reducir el déficit fiscal y aumentar la recaudación, es importante considerar el impacto que estas medidas tienen en las distintas economías regionales. Un aumento “plano” de las retenciones puede perjudicar a aquellos sectores que tienen un poder recaudatorio mínimo, lo cual puede resultar en un mayor daño que beneficio para la economía en general.
Además, la falta de definición respecto a la duración de esta etapa de aumento de retenciones y el contexto de aumento de la brecha cambiaria generan incertidumbre en el campo. Es necesario establecer un programa de retenciones decrecientes que permita a los productores planificar a largo plazo y tener una visión clara de las políticas a seguir.
En conclusión, si bien es importante buscar el equilibrio fiscal y aumentar la recaudación, es fundamental tener en cuenta el impacto que estas medidas tienen en las distintas economías regionales. El campo argentino ha demostrado ser un sector clave para el desarrollo del país, y es necesario establecer políticas que promuevan su crecimiento y competitividad de manera sostenible. Aumentos “planos” de retenciones sin considerar estos factores pueden resultar en consecuencias negativas para el sector y para la economía en general. Es necesario encontrar el camino correcto que permita un desarrollo equitativo y sustentable para el campo argentino.
Fuente: Zorraquin & Meneses
