Tras las idas y vueltas, que hicieron que se demorara más de una semana la oficialización del nuevo dólar diferenciado para la soja, que destinará un 25% de disponibilidad en las divisas para que la industria mejore el precio de compra de los granos, las entidades gremiales empresarias del agro reiteraron su rechazo a la medida, porque solo implica un “beneficio para el Gobierno y la industria, no garantizando nada a los productores”.
En este sentido, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sugirió a los productores agropecuarios vender “lo mínimo necesario” de sus productos.
En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino señaló que los productores siguen “esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros. Esperemos que el mercado se normalice porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia. Desde la Sociedad Rural, insistimos que nuestra economía necesita contar con un único tipo de cambio sin restricciones ni derechos de exportación”, reiteró Pino.
Parálisis. Al hablar de “la paralización del mercado” el titular de la SRA se refirió a que luego que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara las nuevas medidas para la actividad, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, sumó confusión e incertidumbre, al señalar que el 25% de las divisas de libre disponibilidad obtenidas por la industria exportadora, en septiembre, no podrían aplicarse para comprar soja local, sino solo para pagar importaciones de la oleaginosa. Esta situación paralizó los mercados locales hasta ayer, cuando finalmente se supo los pormenores de la medida.
Según el decreto 443/2023 se fijó las condiciones del nuevo “dólar soja” vigente hasta el 30 de septiembre próximo y el ministro de Economía Sergio Massa se prevé que ingresen unos US$2500 M. “El 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías, que sean objeto de adhesión al Programa, deberá ingresarse al país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en tanto que el 25 % restante será de libre disponibilidad”, dice la norma.
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Para Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), si bien lo planteado por Carbap “no es la recomendación más feliz, es una forma gestual de manifestar el descontento que hay con una nueva medida que implica más intervencionismo del Estado”.
Racionalidad. El dirigente dijo que “es una recomendación racional que surge natural y espontáneamente, frente a tanta irracionalidad del Gobierno. Hace tiempo que los productores venimos trabajando a la defensiva y una de esas defensas es precisamente ir manejando lo más racionalmente posible el flujo de fondos de nuestra moneda que es nuestra producción, atento que estamos en una economía tremendamente inflacionaria y cada vez más intervenida”, argumentó.
Y agregó: “Lo que nosotros necesitamos y venimos insistiendo desde hace mucho tiempo es justamente que no ocurran este tipo de decisiones absolutamente unilaterales por parte del Gobierno, que dispone quién, cuándo, cuánto tiempo y a qué valor de tipo de cambio el campo puede comercializar su producción. Necesitamos un mercado libre como sucede en los países vecinos, sin intervenciones que generan beneficios para algunos, sin regulaciones distorsivas, sin prohibiciones de comercialización, con unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones”.
En tanto, Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), sostuvo que las diferentes versiones de dólares que implementó el Gobierno nunca fueron compartidas por las entidades que representan a los productores, porque obedecen a “manotear divisas generadas por los granos, en connivencia con los exportadores”.
Sin inocuidad. “Son acuerdos a espaldas de los productores, que son los que generan los bienes exportables. Son medidas coyunturales sin pensar en el largo plazo, son parches que destruyen el mercado, con efecto negativo directo contra otras cadenas productivas, como el tambo y los feedlots. El Gobierno está tomando medidas que no están dirigidas al sector agropecuario y que solo ha destruido mercados”. Esto no es inocuo”, advirtió.
Y agregó: “Esta nueva versión es un mamarracho, un disparate. No es serio cambiar las reglas de juego en poco tiempo: desde el anuncio por redes sociales hasta su publicación vía decreto. Esto llevó a una gran incertidumbre en los mercados durante diez días y esto es de una gravedad mayúscula”, reclamó.
Por su parte, el nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Patricio Kilmurray, dijo que esto demuestra la “desesperación” del Gobierno por divisas. “Este Gobierno no entiende que el campo quiere políticas estables a largo plazo. Es el 4º parche solo para tener un beneficio de ingreso de divisas”, aseguró el dirigente y productor agropecuario oriundo de La Carlota.
Destruido. Finalmente, para Raúl Vítores, de la Sociedad Rural de San Pedro, Buenos Aires, si bien es una buena medida la que propuso Carbap (vender lo justo y necesario), se debería haber trabajado mucho tiempo antes en ese sentido. “Ahora queda poco o queda nada de granos porque además venimos de una sequía que fue tremendo el daño que ha hecho. No solo no hay que vender nada, sino comprar solo lo que se necesita. Es penoso ver que este Gobierno deje un país destruido”, se lamentó.
