Así surge de un estudio realizado por Nicolás Marí, técnico del INTA Cruz del Eje, que determinó que los incendios registrados en noviembre superaron la media provincial para ese mes, lo que incrementó la superficie afectada durante todo el año.
Las principales zonas afectadas fueron mayoritariamente del noroeste cordobés, en áreas del Valle de Punilla, y otras aledañas a las localidades de Deán Funes, Ischilín, Pocho, Ambul y Guasapampa, aunque las llamas también alcanzaron a varias áreas agrícolas.
Respecto a los impactos sobre la producción agropecuaria, Marí advirtió que el avance del fuego se tradujo nuevamente en pérdidas materiales, afectando la infraestructura de los campos. “Necesariamente, hay que trabajar de forma articulada para dar soporte a los pequeños y medianos productores, principalmente”, dijo el técnico del INTA.
En tanto, en la reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, Córdoba elevó a la Nación el pedido de homologación del decreto que estableció el desastre agropecuario por incendios en esta zona del país.
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Departamentos. Esta declaración alcanza a productores agropecuarios (agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y frutihortícolas) que desarrollan su actividad en zonas afectadas de 11 departamentos de la provincia de Córdoba: Calamuchita, Colón, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla, Rio Cuarto, Río Seco, San Alberto, San Javier, Tulumba). Rige desde el 1° de diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023.
En este sentido, Marcos Blanda, secretario de Agricultura de Córdoba dijo que “además, solicitamos a las autoridades nacionales que dispongan acciones y fondos de prevención y mitigación, para acompañar a los productores afectados”.
La solicitud de homologación de los decretos provinciales de emergencia agropecuaria es un paso previo e indispensable, para que los establecimientos incluidos en las zonas afectadas accedan a los beneficios que otorga la Nación para estos casos, tanto en materia impositiva como crediticia.
