La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó un tope de 75% en el incremento para 2023, solo para la tierra libre de mejoras, cuando la base imponible supere los $12.864.721, que no regirá para aquellos campos que tengan incorporada alguna, como por ejemplo edificaciones.
Luego de haber protestado por la quita del tope de aumento del 75% para el Impuesto Inmobiliario Rural, en la ley impositiva bonaerense, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se quedó con una “conformidad incompleta” luego que, en la legislatura, ese máximo se fijara solo para la tierra libre de mejoras, pero no cuando un campo tiene alguna, casos en los que no habrá topes y, según Carbap, los incrementos podrían superar el 200%.
Así lo manifestó el presidente de la entidad ruralista, Horacio Salaverri, al diario La Nación, al señalar que “nuestra gestión estuvo bien y lo mejor era considerar también las mejoras (en la tierra)”. Por eso señaló que “hay una conformidad a medias, incompleta, porque el tope debería haber sido total”, explicó.
Lee también
- Pronóstico de lluvias hasta el 24 de diciembre
- ¿Alivio? La Niña comienza a perder fuerza y dan precisiones sobre su final
- En lo que va del “dólar soja” 2, los productores vendieron 66% menos que en el primer programa
- Del productor al consumidor: el precio de los agroalimentos en noviembre se multiplicaron 3.6 veces
Moneda de cambio. El dirigente dijo que el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, le había informado del tope, pero no de la “discriminación” que al final se terminó haciendo entre tierra libre de mejoras y con mejoras. Salaverri cree que esta diferencia fue parte de una negociación para que se sancionara la ley impositiva.
Originalmente, la semana pasada, se había omitido, en el proyecto de esa ley un máximo de 75% de aumento, que venía de años anteriores, y dejaba abierta la posibilidad a incrementos mayores a ese tipo. Para el gobierno provincial, solo el 3% de las partidas rurales, poco menos de 10.000, hubieran sido afectadas ante la falta de un tope.
Según lo dispone el artículo 10 de la Ley Impositiva bonaerense aprobada, el aumento “no podrá exceder” -respecto del calculado en el año 2022- “50%, cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras, sea de hasta $2.031.822 inclusive”; “60%, cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea superior a $2.031.822 y hasta $12.864.721 inclusive” y “75%, cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2023, de la tierra libre de mejoras sea superior a $12.864.721″. En la versión original del proyecto de ley no figuraba el 75% como si sucedió en 2021.
“Quedó claro que esto es para financiar al fisco, pero la capacidad de pago (de los productores) va a estar limitada por la sequía; va a estar muy complicada”, señaló el titular de Carbap.
Impacto positivo. Si bien en la entidad se quedaron con la “conformidad incompleta”, porque no se incluyó la tierra con mejoras en el tope máximo de incremento en la ley impositiva finalmente aprobada, rescataron que la norma al menos tiene un impacto positivo para el Impuesto Inmobiliario Complementario, un gravamen que se impuso durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador y Silvina Batakis como ministra de Economía bonaerenses.
“Con tres partidas (como las que toma el complementario al sumarse las mismas) se podía superar el tope (de $12.864.721)”, advirtió Salaverri y así tener aumentos superiores al 75%, si no se reponía este límite. Carbap viene reclamando la eliminación del Impuesto Complementario que, dijo, “es un impuesto ideológico”, incluyendo también en esa categoría a otra creación de Scioli y Batakis: el Impuesto a la Transferencia Gratuita de Bienes.
Oposición. En este contexto, los legisladores provinciales de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI) “se opusieron a los aumentos de impuestos planteados en el presupuesto enviado por el gobernador Axel Kicillof” a la legislatura bonaerense.
En un comunicado, la agrupación política argumentó que “en un contexto inflacionario, los impuestos sobre las tierras productivas de nuestra provincia, sumados a la prolongada sequía que afecta el rendimiento de los cultivos, van a significar un golpe muy duro para el sector agrario. Respecto al impuesto a los ingresos brutos, que representa el más regresivo e inequitativo en la estructura tributaria provincial, deberíamos eliminar la carga tributaria que pesa sobre la canasta básica”, sostuvo.
Y agregó que “los legisladores Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo, Andrés De Leo y Elisa Carca rechazaron los artículos 6, sobre el impuesto Inmobiliario urbano edificado, que proyecta aumentos promedio del 72% y el artículo 10 sobre el impuesto Inmobiliario Rural; (también) el artículo 20, incisos C y D, por alcanzar y gravar con impuesto a los ingresos brutos a actividades primarias de cultivo y fabricación de alimentos”, precisó.
