Así surge del índice trimestral que publicó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que mide lo que participa el Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) de la renta que genera una hectárea agropecuaria.
El registro del trimestre julio-septiembre (61,3%) es levemente inferior al 61,5% que se midió en el período abril-junio, con una baja “traccionada por una leve mejora en los rindes esperados en soja, para la campaña 22/23, sobre la base de las primeras estimaciones de la campaña gruesa”, indicó FADA.
En cuanto al impacto de la presión impositiva estatal en cada cultivo, en la renta de la soja se redujo del 68,4% al 67,7%, y en el maíz, del 53,9% al 53,4%. En cambio, en trigo subió del 50,4% al 50,9%, y en girasol creció del 44,8% al 49,9%.
Al ritmo inflacionario. Pese al contexto inflacionario, que el Estado participe menos en la renta agrícola no significa que una ha pague menos: por el contrario, en impuestos nacionales, la soja aumentó su aporte de $89.986 por ha a $104.056; el maíz, de $54.480 a $69.264; el trigo, de $38.069 a $41.527; y solamente el girasol bajó, de $42.693 a $34.357.
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El informe de FADA concluye en que “queda claro que una mejora de precios o una mejora en los rindes, se traduce automáticamente en un mayor nivel de recaudación fiscal, principalmente de impuestos nacionales, como derechos de exportación e impuesto a las ganancias, que tiene una correlación directa con los ingresos y la rentabilidad”.