El cortocircuito del lunes por la noche entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por la medida para frenar la dolarización de quienes habían vendido soja a la cotización desdoblada de $200 por dólar, volvió a demostrar el divorcio interno y eterno del Frente de Todos (FdT) en el poder: distintos actores con diferentes pensamientos y formas de actuar que juegan a conciliar políticas mientras se “operan” mutuamente para cruzarse “palos en la rueda” que, alternativamente, unos colocan y otros tratan de sortear.
El desprolijo incidente entre el BCRA y Economía sucedió con un gran sentido de la oportunidad: fue el mismo día en que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Nueva York, celebraba ante el presidente Alberto Fernández, la coordinación entre Sergio Massa y Miguel Pesce como un rasgo distintivo de la actual etapa de la gestión económica del FdT.
Los hechos. Apenas después de las 19:00 del lunes, el BCRA publicó su comunicación A 7609, que prohibía explícitamente a las personas humanas que hubieran vendido soja al precio diferencial de $200 por dólar comprar divisas para atesoramiento y, a todos los agentes económicos beneficiados por esa medida, dolarizarse en la bolsa.
El rechazo de la actividad agropecuaria fue inmediato. A las 22.09, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, tuiteó que los productores -personas físicas- quedarían excluidos de la medida. Massa lo retuiteó al instante. A las 23.20, el Gobierno distribuía la comunicación A 7610 del BCRA con este texto: “Las disposiciones dadas a conocer por la Comunicación A 7609 no son de aplicación para las personas humanas”.
Según informó el diario El Cronista, distintos funcionarios del Gobierno que participaron en la confección de la norma, miraban con preocupación la suba de los dólares paralelos durante la semana pasada y lo atribuía a buena parte de los $900.000 M que el Banco Central debía emitir por el “dólar soja”.
¿Error? Según las fuentes citadas por ese medio, hubo un acuerdo entre el BCRA y Economía para restringir esa dolarización, sobre todo en las divisas paralelas y legales. Pero también hubo un “error” del Banco Central, que incluyó en la norma a las personas humanas cuando al parecer la norma estaba dirigida a las sociedades.
“El pequeño productor puede darse vuelta y hacerlo (comprar dólares) a nivel de persona humana”, dijo el director del BCRA, Agustín D’Attelis en declaraciones a la radio Urbana Play. “Donde sí hay problema es de las empresas medianas para arriba, acopiadores, etcétera, que es donde se observó que estaba el gran volumen del contado con liqui, que amplió su brecha en los últimos días”, agregó. “Hubo un acuerdo, se crearon instrumentos y cuando uno mira quién está detrás de la fuerte demanda que amplía la brecha, son las grandes exportadoras. Entonces, uno dice basta”, enfatizó el también economista kirchnerista.
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Las cerealeras, en tanto, aclararon que ellas tienen prohibido dolarizarse en la Bolsa.
Desde el massismo apuntaron al presidente del Central, Miguel Pesce por ese “error”, justo el día en que se publicaron los decretos que extendieron los mandatos en comisión de él y del vicepresidente primero del BCRA, Sergio Woyecheszen, entre otros, con las firmas del presidente Alberto Fernández y del propio Massa. El ministro de Economía tiene en el directorio del Central a dos funcionarios de su confianza: Lisandro Cleri y Pablo Carreras Mayer. Parece que a todos se les pasó por alto eximir a las personas humanas de la norma.
Por su parte, Bahillo, en declaraciones a la emisora El Destape Radio, contó que de las 7.500 CUITs que liquidaron soja a precio preferencial, 60% corresponden a personas humanas. “Hubo un cambio en las reglas de juego”, afirmó. No es la primera vez que el secretario de Agricultura critica al BCRA y defiende al agro: ya había criticado el mecanismo “70/30”, reemplazado por el dólar a $ 200, y el encarecimiento del crédito a quienes retengan más del 5% de sus existencias de soja
Más venta, más emisión. El funcionario contó que la venta es superior a la prevista: “Estamos esperando 8 millones de toneladas por alrededor de u$s 4.500 millones”, dijo. A $200, son $900.000 millones, un 50% más que la emisión prevista.
El entredicho muestra una vez más lo difícil que le resulta al Gobierno encaminar la relación con el agro, una actividad que de por sí se siente entre incomprendida y atacada permanentemente por el gobierno del FdT. “Fue una emboscada”, dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en declaraciones a Radio Rivadavia. “La confianza que se ha perdido es difícil de recuperar”, sostuvo el dirigente, que busca ser reelecto al frente de la SRA esta semana, compitiendo con una lista opositora, encabezada por el ganadero Alejandro Ferrero, que insólitamente califica su gestión como cercana al Gobierno.
Más allá de los dichos de Pino, los productores pequeños, podrán seguir dolarizándose en el mercado bursátil. Y los medianos y grandes podrán resguardar sus pesos en cuentas a la vista “dollar linked”, en tiempos en que la devaluación del tipo de cambio oficial avanza al 6,5% mensual y rinde más que un plazo fijo (6,16%).
Ventaja. Son beneficios, otorgados por un Gobierno que lo hizo solo por necesidad de recaudar algunos pocos millones de dólares y patear hacia adelante una “bomba económica” que no está desactivada. No obstante, se trata de condiciones a las que no acceden otros agentes económicos y que toda la sociedad pagará, incluso con más inflación, sea por la emisión de pesos, por el aumento de costos en actividades demandantes de la soja dolarizada a $200, como toda la producción animal, o por la expectativa de un desdoblamiento cambiario que pueda ampliarse.
