La entidad Frutas de Argentina y un proyecto de declaración presentado en la Legislatura de Mendoza piden que ambas producciones se incluyan en el Programa de Incremento Exportador, lo que se suma a las quejas de las actividades que por el aumento de la oleaginosa ven aumentar sus costos de producción.
Frutas de Argentina, el comité que representa a la producción y comercialización de las principales frutas del país (cítricos, cerezas, arándanos, manzanas y peras) le solicitó al gobierno nacional, en un comunicado, que ante el escenario de pérdida de competitividad que sufren estas actividades, “se contemple el mismo tratamiento que el que tuvo el sector productor y exportador de soja”.
El documento señala que “más allá que los considerandos y fundamentos de dicho decreto se ajustan a la realidad de nuestro sector, existen además fundamentos tan específicos como críticos que sustentan el pedido”.
Así mencionan la crisis de los mercados internacionales post pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, el crecimiento de los costos internos en dólares “a niveles extraordinarios” y el tipo de cambio real retrasado en función del aumento de costos.
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Frutas de Argentina afirma que “en el pasado, ya hemos sufrido la pérdida de miles de hectáreas de producción, como consecuencia de similares escenarios; por lo tanto, debemos evitar que se repita una nueva caída de la capacidad productiva del país, sosteniendo el empleo, las exportaciones actuales, y apuntar al crecimiento de las mismas”.
Tremenda injusticia. Por su parte, en la Legislatura de Mendoza se presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo provincial haga las gestiones necesarias ante la Nación, para que la producción vitivinícola, y la frutihortícola, se incluyan dentro del Programa de Incremento Exportador.
El proyecto critica que “la medida mencionada favorece claramente a un sector productivo específico, localizado en cierta parte del país, en desmedro del resto. Esta medida atenta claramente contra el federalismo y contra la realidad de distintos sectores productivos mucho menos favorecidos por diferentes situaciones”.
Y agrega: “Establecer un valor del dólar para un producto y dejar a los demás con otro, es una injusticia tremenda, una devaluación selectiva que favorece a un solo sector. El gobierno nacional debe dar a todas las regiones productivas del país un dólar a un mismo valor para sus exportaciones. En una crisis nacional no puede haber soluciones regionales”, sentenció.
