También pidió que a la ex presidente y actual vicepresidente se le decomisen bienes por valor de -al menos- $5.321 M. Además, la consideró jefa de una asociación ilícita y de defraudar al Estado. Y solicitó las siguientes condenas de prisión: de 10 años, para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y para el ex secretario de Obras Públicas, José López, y de 12 años, para el empresario Lázaro Báez.
El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada, por su condición de funcionaria pública, en concurso real. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal, en el último día de su alegato, que durante 9 jornadas realizó junto a su colega Sergio Mola.
El decomiso de bienes de CFK equivalen a unos US$1.000 M, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, valores para los cuales se solicitará su actualización. “Este es el monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Es decir, que si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsable de aportarlo con su patrimonio.
“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani y por eso dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años”, y que la corrupción no tiene fronteras ideológicas.
Podrá ser candidata. Si el tribunal finalmente condena a Cristina Kirchner, cosa que podría ocurrir a fin de este 2022, la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años, ya que el máximo tribunal no tiene plazos para expedirse. Lo mismo aplica para la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo. Concretamente, ambas circunstancias implican que la vicepresidente no tendrá impedimento alguno para postularse a un cargo electivo en 2023.
Luciani argumentó que, desde el rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner sostuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Precisó, además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Explicó que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
La mayor corrupción. Luciani lo dijo sin eufemismos: “Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Y agregó: “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.
Y subrayó: “La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de derecho y el respecto a la Constitución la regla, no la corrupción”.
“Los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones. Determinar que hay detrás de la obra pública es función del Poder Judicial”, dijo Luciani, para rechazar la idea de que estas decisiones no eran revisables judicialmente, argumento que esgrime la defensa de CFK y la militancia kirchnerista.
El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola reclamaron además que como organizadores de la asociación ilícita sean condenados Julio de Vido, a 10 años de prisión; el exsecretario de Obras Públicas José López, a 10 años de cárcel; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, a 10 años; y Lázaro Báez, a la pena de 12 años de prisión.
López ya está condenado a 6 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que en caso de una condena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel, y con De Vido, ya condenado a 4 años por la compra de trenes a España y Portugal, y a 5 años y medio de cárcel por la tragedia ferroviaria de Once.
Otras condenas. La fiscalía entendió que a Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, le corresponde la pena de 2 años en suspenso y solo lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidió absolverlo por asociación ilícita.
Por otra parte, y por administración fraudulenta, el fiscal pidió que sean condenados el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, a 4 años años; a los ex responsables del Distrito N°23 Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Raúl Osvaldo Daruich, a 5 años de prisión; a Mauricio Collareda, a 6 años; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, a 3 años, en suspenso; Juan Carlos Villafañe, a 6 años de prisión; a Raúl Gilberto Pavesi, a 5 años de prisión y a José Raúl Santibáñez, a 4 años.
“El orden público ha sido trastocado -dijo Luciani- por una organización de funcionarios de alta jerarquía, presidida por la presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores”. Enfatizó que “se sustrajeron fondos de la ciudadanía tributados en la confianza en que se iba utilizar en fines lícitos y en su beneficio”.
El fiscal entendió que el actuar mancomunado de los integrantes de la organización aseguró su impunidad y consideró como agravantes la calidad de funcionarios públicos, su alta jerarquía y el deber que tenían de custodiar fondos públicos.
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Agravantes. Con respecto a CFK, el fiscal entendió que son agravantes la magnitud de los delitos cometidos, su aporte dirimente, su poder de dirección de los demás y porque fue una de las “usufructuarias” de la conducta, la “extensión del daño”, el “lucro personal buscado”. La pena aumenta en función de las resistencias internas que debió vencer para cometer el delito, precisó Luciani.
Interpretó que el hecho implicó una “cuidadosa reflexión y el apartamiento de cualquier escrúpulo”. Valoró negativamente su cargo de presidenta, que prometió defender “con lealtad y patriotismo”. “Todo esto lo incumplió”, enfatizó el fiscal.
Luciani también consideró como agravante el contexto socioeconómico favorable, la ausencia de motivos para cometer los delitos y “el desprecio demostrado a la ciudadanía” al usar fondos en provecho personal, que debían tener un fin social. En particular, el perjuicio para los santacruceños y los empleados despedidos para ocultar la maniobra, a poco de que el Frente para la Victoria perdiera las elecciones presidenciales de 2015.
Además, señaló como agravantes su edad, su formación, su experiencia como funcionaria, su falta total de arrepentimiento e interés en este hecho ocurrido en sus 2 gobiernos. Señaló que, si bien en el pasado tuvo afectaciones en su salud, nada de esto incide en su estado.
Codicia desmedida. De Báez mencionó como agravantes la extensión del daño, que se subvirtió la utilidad pública, su codicia desmedida, su holgada situación económica, el desprecio demostrado a los empleados de sus propias empresas al dejar de pagarles y despedirlos para lograr impunidad, su falta de arrepentimiento y su participación como organizador.
El fiscal dijo que Báez puso un conglomerado societario para hacerse de las adjudicaciones, generó artificios para extraer del Estado más fondos y desviarlos en beneficio propio y el resto de los acusados, su edad, su nivel de instrucción, para destacar que tenía capacidad para conocer la atipicidad de su conducta.
Valoró como antecedente la condena que no está firme contra Báez por lavado de dinero en la causa de La ruta del dinero K. “No puede encontrarse ningún atenuante”, dijo Luciani, tras considerar que el empresario tiene hoy diabetes y arritmia, lo que entendió que no incide sobre su situación.
Desprecio ciudadano. Con respecto a De Vido, el fiscal dijo que son agravantes la extensión del daño, el desprecio demostrado a la ciudadanía y a los ciudadanos de Santa Cruz, que tuvo un rol de importancia a la canalización de fondos hacia Báez, y su grado de participación en el hecho, dado su cargo de máxima jerarquía en la obra pública vial.
Luciani sostuvo que el exministro no tenía una participación directa en la tramitación de los expedientes licitatorios, pero advirtió que esa menor exposición a la vista no debe confundir. “Hemos demostrado que el arquitecto De Vido tenía el dominio de la estructura” de las obras viales y era la “pieza clave” para que se otorgaran las licitaciones, ya que tenía una intervención directa en su direccionamiento a las empresas de Báez.
Para José López también consideró los mismos agravantes, incluida sus condenas y la falta de atenuantes.
En pocos días será el turno de los alegatos de las defensas, que comenzarán el 5 de septiembre. Podrán usar 3 jornadas cada uno para defenderse de las acusaciones que realizó la fiscalía. Con lo que es probable que el juicio termine con un veredicto a fin de año.
Solidarios. El fiscal dijo que se deben incautar 5.321 millones de pesos, “el instrumento del delito”, por el que deberán responder todos los acusados, prorrateado y de manera solidaria. Incluidos bienes, empresas, cuentas bancarias y objetos como vehículos usados para cometer el delito. Solicitó que todos esos bienes sean decomisarlos en todas las sociedades investigadas.
Se trata de los bienes de las empresas que conformaban el grupo Báez y que fueron adquiridos durante la investigación. Por ese motivo, solicitó que se decomise los bienes de Lázaro Báez sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, así como sus empresas. Dijo que no se justifican sin los ingresos de la actividad delictiva, especialmente en el caso del hijo mayor, Martín Báez.
El decomiso puede recaer en productos por lo que el instrumento del delito haya sido reemplazado. Se pidió por eso decomisar las 12 estancias de Báez: La Verdadera Argentina, Cruz Aique, El Rincón, La Santafesina, El Campamento, Los Baguales, Manantial Alto, La Porteña, Río Bote, Río Orli, Laguna Asador, Los Grises.
Contra la democracia. Entendió que el destino de estos bienes debe tener una “real función social”, porque la “corrupción tiene consecuencias patrimoniales tangibles, pero afectan los sistemas democráticos, debilitan al sistema político en un todo”.
Luciani precisó que los bienes decomisados deben ser ingresados a la cuenta abierta a nombre del tribunal. En caso de dictarse una condena, deben entregarse los bienes a instituciones de bien público, para compensar el perjuicio ocasionado. El fiscal dijo que quiere que el dinero se mantenga a la orden del tribunal y se destine a cubrir necesidades sanitarias, educativas o de infraestructura, previa vista a la fiscalía.
“La sociedad al elegir sus representantes, alberga la esperanza de que los resultados de la actividad administrativa sean de calidad, que mejoren su condición de vida. Al evidenciarse un acto de corrupción, se desarrolla una actitud de desconfianza contra los gobernantes, el Estado y el sistema democrático en sí mismo”, consideró. Y citó a la Corte cuando dijo que la corrupción “degrada las instituciones del país”.
También Luciani pidió investigar a las empresas Persen, Esuco y Equimac presentarse en licitaciones para “simular” la existencia de competencia en las licitaciones. Pidió extraer testimonios referidos a la construcción del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos y los mensajes que surgen del teléfono de José López, que involucran a Máximo Kirchner, entre otros.
Alberto Fernández. Luciani También fue contra el presidente Alberto Fernández, que había dicho que no se puede revisar en los tribunales la política de contratación de obras públicas por parte del Estado. El fiscal dijo que fue “llamativo que el presidente de la Nación diga esto” cuando había afirmado lo contrario en un reportaje radial, luego de que se descubrió a José López con US$ 9 M en un convento.
También acusó al primer magistrado de correr ahora el foco “para defender puerilmente a su compañera de fórmula” y eludir hablar de la gravedad de los hechos. “Se trata de actos de corrupción sistémicos que arrasaron con los principios de contratación pública y provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”, sostuvo. Además, diferenció entre la decisión política de que los fondos se inviertan en salud u obras públicas o “se desapoderen en beneficio de un empresario”.
Enumeró la existencia de sobreprecios inadmisibles, canales preferenciales de pago, cartelización de la obra pública y rutas abandonadas “por decisión de los funcionarios de las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo, que deberían cuidar los recursos del Estado, pero cometen actos de corrupción de manera sistemática y execrable”.
Jueces y fiscales. “La intervención del Poder Judicial no es solo necesaria, es obligatoria” dijo, y rescató que la Justicia es la única capaz de hacer cesar las condiciones de un posible delito. “La sociedad está indefensa ante arbitrariedades y abuso de poder. Mira a los jueces y a los fiscales como la última esperanza, la última alternativa frente a estos atropellos”, recalcó.
Recordó que el rol del fiscal es “defender los intereses de la ciudadanía: es garante del Estado de derecho, de la República, cuando se priva a la ciudadanía del dinero”. Afirmó que “el fiscal es quien procura que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado, para se apliquen al bien común y esta intervención debe realizarse porque está en juego el dominio del erario, que sirve para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.
“Cristina Fernández desafió a este tribunal al aseverar: ‘A mí me absolvió la historia’. Bien sabe que en un sistema republicano es el Poder Judicial que absuelve o condena tras un proceso penal respetuoso de las garantías. Esto es una falacia, son los jueces los que deben garantizar el cumplimiento de la Constitución”, entendió.
Luciani recordó que hubo 3 años de juicio, 130 audiencias, 114 testigos. Dijo que hubo intentos de que el juicio no comenzara, señaló “el papel nefasto de la OA (Oficina Anticorrupción y al UIF (Unidad de Investigación Financiera)” y de una “brutal campaña de desprestigio para callarnos y afectarnos psicológicamente y apartarnos”, denunció.
Agregó que sobre esas campañas de desprestigio “se montaron abogados sin razón, con infamias y acusaciones falaces, con bajezas inesperadas, cuando nos comportamos de manera leal”, para completar: “Agradezco al resto de los abogados que no se montaron en esas argucias”.
Corrupción o justicia. Finalmente, concluyó con una larga reflexión sobre el rol del Poder Judicial, como el encargado del control y cómo la corrupción impacta en el sistema democrático e implica una violación de los derechos humanos de los sectores más vulnerables, que son los primeros impactados por las prácticas delictivas que emanan de los más altos niveles del Estado.
“La sociedad está harta de la corrupción, necesita que los gobernantes practiquen los valores de la ética y la igualdad”, agregó, antes de reclamar un “verdadero cambio de cultura” y terminar con la deuda en materia de corrupción luego de 40 años de democracia.
“A los jueces y fiscales nos toca ser implacables, ejercer la misión con valentía y devolver la paz social, que fue alterada. Sin justicia no hay orden ni paz social. La sociedad reclama justicia y ustedes, los jueces, son los encargados de dar a cada uno de lo que corresponde, para dar a cada uno la paz social. Esta en sus manos impedir que se banalice la corrupción sistémica, en cuyos funcionarios infieles el pueblo depositó su confianza”, culminó, interpelando al tribunal. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia y ustedes tienen la decisión”.
