El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, durante una reunión que mantuvo en su cartera con representantes de la industria semillera, les comunicó que intentará avanzar en una resolución, para que el uso propio gratuito, que actualmente hace el productor de soja y trigo, que guarda una parte de su semilla para volver a sembrarla en la siguiente campaña, deje de serlo, a través de un cobro estratificado, por tamaño de productores, exceptuando de esa obligación a los de la agricultura familiar.
Hace años que la industria semillera reclama cambios regulatorios en la actividad que faciliten nuevas inversiones. La ley de semillas vigente se promulgó en 1973, cuando la soja solo ocupaba unas 400.000 ha, muchas menos que las 16 a 17 M de ha sembradas en las últimas campañas, y no existía la biotecnología agrícola que permitió avances como las variedades tolerantes al herbicida glifosato y resistentes a insectos.
La legislación vigente permite hasta ahora un uso propio irrestricto, sin límites para el productor que se guarda la semilla, práctica que aplica para especies autógamas, como la soja y el trigo, cuyas semillas que se pueden multiplicar y volver a sembrar.
Una fuente de Agricultura citada por el diario La Nación dijo que el Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo descentralizado que se ocupa de la fiscalización de la producción de semillas, entre otras tareas, determinaría el valor del canon sobre la base del impacto de la tecnología. No está definido si lo cobraría el Inase o los semilleros.
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Al respecto, trascendió que debería reconocerse el pago para los materiales, por ejemplo, de soja, que no superen los 20 años de antigüedad. Además de la oleaginosa y el trigo, el sistema también abarcaría otras semillas usadas en las economías regionales, de interés para la industria semillera.
Mientras se piensa en cómo instrumentar la medida, el tema se sometería a consideración y evaluación de la Comisión Nacional de Semillas (Conase). Es un ámbito donde intervienen todos los actores, incluidos los productores. No se descarta que la eventual resolución pueda luego ser una plataforma para una nueva ley de semillas.
Otro país. En la reunión, según trascendió, la industria semillera hizo foco en cómo se ha incrementado la brecha tecnológica con Brasil, donde hay más inversiones en biotecnología aplicada a la soja, dato que preocupa a los funcionarios nacionales del área.
Brasil aprobó la soja transgénica en 2004, cuando la Argentina lo hizo en 1996. Sin embargo, al no reconocerse en el país la propiedad intelectual como sí lo hizo el país vecino y otros, también productores de soja, en la Argentina se fueron perdiendo inversiones para el cultivo. Brasil produce más de 3 veces más soja que la Argentina. Según fuentes de la industria semillera, allí el productor de soja paga unos US$10 por ha en genética y US$20 por ha por la biotecnología.
En la Argentina, según fuentes de la industria semillera, el mercado de semilla fiscalizada que compra todos los años la simiente para los distintos cultivos ronda el 20% de lo que se siembra. Se estima que ese volumen ronda los US$400 M, valor que se podría triplicar con una legislación actualizada.
Al respecto, Antonio Aracre, director general de Syngenta, estima que la alternativa propuesta podría disparar inversiones por unos US$2.000 M. En diálogo con La Nación, consideró “disruptivo” el cambio que se impulsa desde Agricultura. E insistió en la idea que, sin un contexto legal apropiado, las inversiones en soja de las compañías globales se están yendo a Brasil y a los EE. UU.
En este contexto, Aracre manifestó que lo propuesto “va a generar movimiento e inversiones en el interior”. Y agregó: “Tenemos un cálculo que esto (con más inversiones de la industria) puede significar 100.000 puestos de trabajo bien federales y US$2000 millones de inversiones, sobre todo en maquinaria (para los semilleros)”.
