La realización del tractorazo del sábado pasado a la Plaza de Mayo (#A23) podría ser un punto de quiebre en la relación entre las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace y los llamados autoconvocados.
La firme decisión orgánica de las 4 entidades que la integran -Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA)- de no adherir a la protesta, implicó el riesgo de quedar expuestos ante la contundencia que podría tener la manifestación. Y finalmente eso fue lo que sucedió.
El resultado de la movilización dejó al desnudo una resolución de la dirigencia nacional que abrió el debate sobre su representación gremial. Si bien siguen conservando el poder institucional, su ascendencia ante los productores ha quedado, por lo menos, debilitada dentro de sus propias estructuras internas, donde representantes provinciales manifestaron su oposición a la falta de apoyo al tractorazo, y decidieron participar con el visto bueno de las entidades que conforman sus bases. Un ejemplo de ello sucedió en la Mesa de Enlace de Córdoba.
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El intento de Coninagro de separar de su consejo nacional al titular del consejo de esa provincia Córdoba por una conducta “inorgánica” (apoyar el tractorazo pese a que la entidad no lo hacía a nivel nacional) también generó malestar entre los productores que se sienten representados por el modelo gremial cooperativo.
El debate interno en cada una de las 4 entidades es inexorable y deberán recalcular sus próximos pasos, ante las diferencias en sus propias conducciones. Para Alejandro Ferrero, director de la SRA en el distrito 4 de Córdoba, candidato por la oposición para las elecciones del año próximo y uno de los dirigentes rurales que apoyó de manera explícita la movilización, “se subestimó la convocatoria”.
Para el dirigente “se trató de una manifestación del sector agropecuario de la que van a tener que tomar nota no sólo el Gobierno sino también la oposición, porque los productores no van a convalidar más atropellos”.
Todo es política
El 9 de julio pasado, la dirigencia rural organizó una asamblea en San Nicolás, de la que también participaron políticos. “Es lógico que ellos (los políticos) participen de este tipo de manifestaciones; lo importante es que el agro tenga en claro cuáles son sus demandas, más allá de cualquier partido político”, le dijo Ferrero al diario La Voz, de Córdoba.
Mientras el sector mantiene sus críticas al Gobierno respecto de la presión impositiva y la intervención a los mercados, entre los productores autoconvocados aseguran que el comportamiento de las entidades rurales, al no apoyar el tractorazo, resultó afín a los intereses del Poder Ejecutivo.
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Habrá que ver cómo procesa cada entidad sus conflictos internos y cómo se para frente al post-tractorazo. Queda claro que, como todo en la Argentina, la prolijidad y la organicidad que algunos dirigentes buscan preservar no abundan.
Lo que también sería sano es que muchos dirigentes y autoconvocados, que fogonearon la movilización del 23, se sinceraran ante los productores agropecuarios y la sociedad urbana que los acompañó a Plaza de Mayo. Es más que evidente que el #23A tuvo financiación, organización y logística del ala más dura del Pro, a través del espacio Campo+Ciudad.
Parafraseando una frase remanida, podría decirse que “es la política, estúpido”. Esa política partidaria con la que buena parte de la dirigencia agropecuaria no quiere mezclarse. No solo porque, aunque puedan compartir el reclamo contra las políticas oficiales para la actividad, no están de acuerdo con ese sector político “ultra” de un sector de la oposición, sino porque a ese sector (Campo+Ciudad) le cuestionan acciones y manejos que distan de ser democráticos y republicanos, aunque proclamen un discurso inflamado de esos conceptos, muchas veces vacíos de un contenido práctico.
