Si hay un motivo por el cual Juntos por el Cambio (JxC) exigió que el proyecto de ley que aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no incluyera las medidas económicas del programa que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, esa razón es la implícita suba de impuestos que conlleva.
Aunque no crea nuevos tributos, el memorándum compromete modificaciones en algunos gravámenes existentes y busca que la AFIP mejore la recaudación a través de una reducción del incumplimiento y la evasión, por lo cual la responsabilidad política de estas medidas recaería solo en el Presidente, que daría luz verde al convenio con un decreto.
Cualquiera sea la forma de su implementación, las consecuencias del programa serán las mismas: el acuerdo busca engrosar la recaudación del Estado a través de distintos mecanismos. Aunque no genera nuevos impuestos, produce cambios en algunos ya existentes e incentiva a la AFIP a aumentar controles para generar más ingresos reduciendo los “altos niveles de incumplimiento” y mejorando la gestión de riesgo de los contribuyentes. En síntesis, que más personas paguen los impuestos existentes y que no se cobran por informalidad o evasión.
Martín Tetaz, diputado de JxC y economista dijo que “el acuerdo cierra con mayor presión tributaria. Tampoco hay ninguna reducción del gasto, ni siquiera en subsidios. Usan el revalúo para aumentar indirectamente (el impuesto a los) Bienes Personales y con el cambio de cómputo del ITC (Impuesto a la Transferencia de los Combustibles). El resto es por mejora en el cumplimiento”, explicó
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El acuerdo dice que busca una “reducción del déficit fiscal gradual, basada en la recuperación y el crecimiento de los recursos, que tengan como eje vector una política tributaria progresiva”. Y agrega que “tal sendero incluye un conjunto equilibrado de medidas de gastos e ingresos, para sostener una política fiscal moderadamente expansiva en términos reales”.
Si bien hay recorte de recursos en muchos sectores, como en la obra pública, donde habrá criterios más estrictos en la selección de proyectos, o en las transferencias discrecionales a las provincias, el discurso oficial del memorándum prioriza mejorar los ingresos, antes que reducir los gastos.
El segmento tributario del acuerdo tiene dos partes principales. Por un lado, la AFIP queda comprometida a elaborar un Plan Estratégico a 2025, con la “asistencia técnica” del FMI para mejorar la recaudación. Por el otro, el memorándum obliga al Gobierno a introducir cambios en algunos impuestos.
La agencia nacional de recaudación de impuestos ya está trabajando en el plan. Fuentes de la AFIP deslizaron que la hoja de ruta estará publicada antes del fin de marzo. El objetivo es enfrentar “los altos niveles de incumplimiento”, tarea que el FMI estima que generará un adicional de recursos equivalente al 0,3% del PBI. Hacia 2025, se busca recaudar 1% del PBI adicional con este “plan de gestión de riesgo” del no cobro de impuestos.
Por su parte, el abogado tributarista César Litvin consideró que “el Gobierno busca reducir la evasión. Implica mejorar la tecnología, los soportes informáticos y los softwares predictivos. Sin embargo, la recaudación del IVA, por ejemplo, se mejora combatiendo la informalidad en la actividad económica. Abre un debate más intenso: el perro que se muerde la cola. Hay informalidad porque hay presión fiscal y hay presión fiscal porque hay informalidad. Este acuerdo genera mayor presión tributaria y compromete más a los sectores informales. Son los que van a padecerlo más”, vaticinó.
