El máximo tribunal del país falló contra la modificación del año 2006, que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13.
La Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad de sus integrantes, la inconstitucionalidad de la ley que reformó en 2006 el Consejo de la Magistratura, a instancias de la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo avala todo lo actuado por el Consejo con sus 13 miembros, pero ordena que sea llevado a 20 miembros nuevamente en 120 días. Una vez superado ese plazo sin completarse los 20 miembros, todos los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán considerados nulos.
La Corte definió que la composición no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y remueven magistrados. Para ello encargó al Congreso una nueva ley que lo regule, dio plazo de 120 días corridos para la elección de sus nuevos miembros y pidió que se convoque a los organismos que representan a abogados, jueces y académicos para que elijan a los nuevos miembros.
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El Consejo de la Magistratura es el organismo que selecciona, remueve y sanciona a los jueces y fue incorporado a la estructura institucional en la reforma constitucional de 1994.
“El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”, dispone el artículo 114 de la Constitución.
Para la Corte, con la reforma de 2006 no se comprueba el equilibrio que ordena la Constitución, ya que el oficialismo, con sus cuatro representantes, del Poder Legislativo y el delegado del Poder Ejecutivo, tienen preeminencia para imponer sus decisiones.
En 2006, con la disminución a 13 miembros, se redujeron los representantes de los abogados, los académicos y los científicos. terminando con el equilibrio político en el Consejo. El planteo de inconstitucionalidad había sido impulsado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
