El juez Román Lanzón desestimo el pedido de presión preventiva para cinco exdirectivos y el actual presidente de Vicentín.
La imputación por supuesta estafa para los 14 exdirectivos solicitada por el fiscal Miguel Moreno fue avalada por el juez, que fijó una fianza de U$S10.000.000 para los acusados y la prohibición de salir del país. La caución fijada es el doble de lo que habían ofrecido los imputados.
El fiscal había solicitado la prisión preventiva para Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze, Alberto Macua y Miguel Vallaza por la elevada expectativa de pena de los acusados. Además, solicitó una tobillera electrónica para Daniel Buyatti. La defensa alegó que los acusados han estado a derecho y no han entorpecido la investigación.
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En la audiencia de hoy, Moreno planteó que la empresa realizó una serie de artilugios ilegales antes y después de caer en default. Desplegó más pruebas en la audiencia y señaló que el engaño se basaba en falsear información y ocupar cargos de prestigio.
Jorge Ilharrescondo, que encabeza la defensa, negó los cargos y pidió la prescripción en la investigación de la imputación de balances falsos en 2017 y 2018.
El actual presidente de Vicentín, Omar Scarel, es uno de los mas comprometidos. En 2019 ocupaba el cargo de síndico y las escuchas telefónicas presentadas por el fiscal lo comprometen porque en ellas hace referencia a acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.
La deuda de la empresa asciende a 1573 millones de dólares. El 20 de noviembre debe presentar una propuesta de pago a los acreedores y un plan de negocios, después de haber solicitado una extensión del plazo para presentarla.
La causa penal contra los 14 imputados se inició en julio a raíz de una denuncia presentada por varios acreedores representados por el abogado Gustavo Feldman. A esta denuncia se le sumaron los bancos extranjeros que reclaman una deuda de 530 millones de dólares.
