El 20 de septiembre, el Juez de Garantías Walter Carballo debe definir si se eleva a juicio por la usurpación del campo del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere. Su hermana, Dolores Etchevehere y su abogado Facundo Taboada son los únicos acusados. Además, Dolores está imputada por el delito de desobediencia a la autoridad.
Los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa pidieron un año de prisión de cumplimiento condicional para los acusados luego de la recolección de pruebas y testimonios.
El establecimiento Casa Nueva, ubicado en La Paz, Entre Ríos, perteneciente a la sucesión de Luis Félix Etchevehere fue usurpado el 15 de octubre del año pasado. Ese día, ingresaron Dolores junto con Facundo Taboada y un grupo de 40 personas vinculadas al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Proyecto Artigas, Jóvenes por el clima y Productores Rurales Unidos y con el apoyo de Juan Grabois. Ante la negativa de los caseros de darles las llaves de la casa principal del casco, se metieron en la casa de los caseros, tomaron las llaves y ocuparon la casa. Les comunicaron a los empleados los lugares por los que que podían transitar, impidiendo el trabajo cotidiano del establecimiento.
La intención de Dolores era ceder las tierras que se atribuía, a un proyecto agroecológico respaldado por Juan Grabois.
Luis Miguel Etchevehere denunció públicamente la ocupación y junto con su madre, Dolores Barbero y su hermano aclararon que Dolores ya no era integrante de la empresa propietaria del campo. A través de una cesión del 100% de los derechos sucesorios a favor de los restantes herederos, se le había asignado un lote del campo que no coincidía con el casco.
Durante 14 días los usurpadores ocuparon la propiedad e hicieron una huerta en el parque con platines traídos de un vivero.
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El 25 de octubre, productores agropecuarios de distintos puntos de Entre Ríos se movilizaron al campo para participar de una jornada de rechazo contra la toma. Portando carteles de “Fuera Grabois de Entre Ríos, no a la usurpación”, entre otros, mostraron su apoyo al exministro.
La jueza de segunda instancia María Carolina Castagno, ordenó la restitución y reintegro del bien tomado.
Finalmente el 29 de octubre se desalojó la estancia y los ocupantes se retiraron pacíficamente, con excepción de Dolores que se negó a firmar el acta de notificación, dado que pensaba quedarse en el lugar. Por esa razón fue detenida.
Luego de la ocupación, el casco se encontró en un estado deplorable, con algunos destrozos dentro de la casa principal y un altar del Gauchito Gil en un patio interno de la casa.
