Dentro de diez días vence la concesión de Hidrovía S.A. y todavía no hay indicios de la nueva licitación que debería haber estado adjudicada el 30 de abril.
La Administración General de Puertos (AGP) será responsable temporalmente de la gestión de la hidrovía. Los ingresos, que rondan los U$S 200 millones anuales de facturación, serán recaudados por el Estado. La ganancia que deja está entre el 10 y 20% en épocas normales. Con la bajante actual, los números son negativos.
Sin acuerdos dentro del mismo gobierno sobre la licitación, ya que un sector quiere que sea estatizado totalmente y otro prefiere un sistema mixto, las empresas usuarias, las proveedoras y hasta los mismos empleados no tienen ninguna certeza de que va a pasar en pocos días.
La empresa Hidrovía S.A. está formada por la compañía de dragado belga Jan De Nul y la argentina Emepa, encargada del balizamiento. Emepa, finalizará su trabajo el 10 de septiembre. Su directivo Gabriel Romero estuvo en la causa de los cuadernos y declaró haber pagado U$S 600.000 para conseguir la extensión de la concesión por diez años más, hasta 2021.
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Jan De Nul seguiría a cargo con una contratación directa para el dragado por un año o hasta que se adjudique la licitación larga. Esto puede llevar un tiempo ya que el organismo encargado de preparar los pliegos de la licitación es un nuevo ente que todavía no está conformado. El Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, estará bajo el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación y también participarán las provincias Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
Cuando sea adjudicada la licitación, el nuevo ente será el responsable de cobrar el peaje, además de administrar y mantener con obras la hidrovía.
Desde que la hidrovía fue concesionada las exportaciones crecieron cinco veces, los costos portuarios se redujeron un 70% y los fletes de las barcazas bajaron un 50%.
La indefinición sobre el futuro de la concesión suma preocupación a la Cámara de aceiteros y cerealeros que viene sufriendo las consecuencias de la bajante del Paraná. Las pérdidas económicas estimadas por la bajante llegarían a los U$S 700 millones.
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