En el relevamiento el organismo recaudador determinó que la empresa agroexportadora que se declaró en default en diciembre de 2019, presentaba ante el fisco facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores, que fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.Mediante las tareas de fiscalización la AFIP pudo comprobar que los emisores de los documentos apócrifos que dieron base a las solicitudes de reintegros carecían de capacidad económica y operativa para realizar las operaciones, no poseían plantas de acopio, ni podían justificar el origen de los granos.
Durante el proceso de fiscalización desarrollado por la AFIP la firma no aportó elementos que permitieran acreditar la legitimidad del derecho a obtener los reintegros percibidos.
